Corte apura a Casación por nuevo juicio AMIA

La Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una queja por supuestas dilaciones presentada por la querella que integran familiares de Memoria Activa, en la causa que investiga el supuesto encubrimiento del atentado a la AMIA y que se encuentra en la Cámara de Casación Penal.

El fallo ordenó a la Sala II de dicha instancia (Alejandro Slokar, Ángela Ledesma y Pedro David) que "se imprima a la causa el trámite que prevé el Código Procesal Penal de la Nación y se dicte sentencia a la brevedad, la que deberá se inmediatamente comunicada a esta Corte".

Durante esta semana la Sala resolvió nulidades y reclamos planteados por las defensas ocurre que estos planteos ya se han multiplicado por toda la Casación. Hasta el 10 de junio los defensores podrán presentar pruebas de cara al juicio oral.

La instrucción de la causa estuvo a cargo de Ariel Lijo y los imputados que irán al debate oral serán el exjuez José Galeano, los exfiscales José Barbaccia y Eamon Mullen, el exjefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy y los abogados Carlos Telleldín y Víctor Stinfale, entre otros.

Nómina

Una nómina de figuras con pasado encumbrado en los tribunales y que llevarán al estrado de los testigos a gran parte del fuero federal de la década del 90 así como también exfuncionarios y prácticamente todo el personal de jerarquía de la SIDE.

En 1997 el exjuez Gabriel Cavallo había llevado la instrucción del expediente y decidió sobreseer a Galeano. Decisión idéntica a la que había adoptado el exjuez Jorge Urso.

La resolución de la Corte señaló en sus considerandos que "la Cámara de Casación Penal estaría incurriendo en retardo de justicia al no haber resuelto aún" sobre un recurso ingresado a esa instancia en 2007.

Querellante por familiares que integran la Asociación Memoria Activa, el abogado Rodrigo Borda dijo que la resolución de la Corte "es también un mensaje respecto del trámite que deberá imprimirse en el juicio contra Galeano que estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2".

Pistas

En esta causa el objeto procesal se centra en el supuesto armado de pistas falsas, la realización de detenciones ilegales y el presunto pago de 400 mil dólares al mismo Telleldín para desviar la investigación del atentado a la AMIA.

En términos duros, la Corte reiteró, en su resolución, que "la garantía constitucional de defensa en juicio incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable", plazo que, en este caso, "no ha sido debidamente observado" por la Cámara de Casación Penal.