Corte culpa al Congreso por demoras en los juicios

La Corte pidió a los jueces que aceleren juicios por crímenes de lesa humanidad y solicitó reformas en el Código Penal.

La Corte Suprema de Justicia creó una unidad especial para monitorear los juicios por crímenes de lesa humanidad, cometidos durante el último Gobierno militar, según comunicó ayer a través de una acordada. Fue la respuesta del máximo tribunal a la polémica que generó la liberación de Alfredo Astiz, Jorge Acosta y otros 19 represores, ordenada por la Sala II de la Cámara de Casación, así como a la disputa por las responsabilidades entre los tres poderes que surgió a partir del fallo. Se adelantó además a las demás instituciones (que sólo hicieron declaraciones al respecto), exhortó a los jueces a tomar medidas urgentes para acelerar las causas en trámite, reclamó cambios procesales al Legislativo y medidas urgentes al Consejo de la Magistratura y al Congreso.
La iniciativa firmada ayer dispone la creación de la Unidad de Superintendencia para Delitos de Lesa Humanidad, un organismo especial de seguimiento de las causas por crímenes de lesa humanidad que tendrá la facultad de solicitar informes a los jueces sobre la evolución de los procesos. La Corte, además, llamó a los magistrados a acelerar los procesos que tengan en trámite, recordándoles que deben cumplir con el mandato constitucional de garantizar el derecho al debido proceso en tiempo razonable.
De acuerdo con el último informe de la Unidad Fiscal de seguimiento de las causas por Violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, hay 371 represores detenidos a la espera de una resolución sobre su situación procesal o una sentencia de condena, y en 2008 sólo fueron juzgados 36 acusados.
Otro aspecto que enfatizó la Corte fue la necesidad de una reforma del código procesal, cuya modificación es responsabilidad del Congreso. En el texto, el máximo tribunal reconoce una «demora permanente» en todos los procesos de la Justicia, argumentando que el proceso penal argentino «mantiene una instrucción judicial lenta, extremadamente formalista y plagada de oportunidades dilatorias, que afecta el juzgamiento de todos los delitos y no sólo de los concernientes a crímenes contra la humanidad», que se evidencia más en causas de alta complejidad. Es decir: la Corte asumió su parte de responsabilidad e instrumentó cambios, pero también señaló a los demás poderes en su análisis del problema, protegiendo a los jueces.
En este sentido, la acordada indica que uno de los conflictos principales es la congestión de los juzgados federales (requiriendo la creación de nuevos tribunales orales) y recuerda que en julio pasado la Corte solicitó al Ministerio de Justicia la creación de otros dos. El pedido aún no tiene respuesta. El texto también se refiere a «los inconvenientes para la constitución definitiva de algunos tribunales orales», tarea a cargo del Consejo de la Magistratura, que presenta una demora crónica en el sistema de selección de jueces. Además, exhorta al Consejo a que implemente en un plazo razonable el Plan de Justicia Digital, pensado -ya hace bastante- para digitalizar las causas y que todavía no se termina de implementar. También advierte sobre la falta de recursos tecnológicos, edilicios, así como la ausencia de condiciones de seguridad en las salas de audiencias, todos aspectos de los que se tiene que encargar la Magistratura.
En su análisis, el máximo tribunal hasta indica la responsabilidad indirecta por las demoras de los propios querellantes, ya que se niegan a unificar las causas, y las denuncias cada vez se diversifican más, lo que dilata todos los procesos. Un reparto salomónico de culpas que busca soluciones en este mismo sentido, llamando al Ministerio Público Fiscal, al Consejo de la Magistratura, y a los otros dos poderes a «coordinar esfuerzos» y trabajar de manera conjunta.
La acordada además busca de alguna manera bajar el tono de la discusión que generó el fallo de la Cámara de Casación. Dentro de las repercusiones del dictamen, el kirchnerismo señaló a los jueces como los culpables, y el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, pidió juicio político para quienes habían tomado la decisión.