Corte final: sigue tensión por fondos (y un revés, obvio)

Ricardo Lorenzeti, Eugenio Zaffaroni y Elisa Carrió

La Corte Suprema de Justicia despidió el año en un cónclave que reflejó la tensión con el Gobierno. La disputa por los fondos judiciales y tres fallos tan previsibles como adversos a las aspiraciones del kirchnerismo fueron el escenario del último acuerdo de Eugenio Zaffaroni como integrante del máximo tribunal. El receso veraniego animará nuevas intrigas, pero que tendrán un tamiz más político a partir del debate sobre la integración cortesana; por eso la decisión de Ricardo Lorenzetti de permanecer en Buenos Aires la segunda mitad de enero.

Los ministros están convencidos de la intención del Gobierno de avanzar sobre los fondos de la Corte, y a partir de allí, la interpretación de la denuncia que impulsa el fiscal Federico Delgado, que formuló una legisladora de la Coalición Cívica y que si bien tiene su epicentro en la Magistratura y en sus recursos, el fiscal extendió el efecto al propio presidente de la Corte. Movimientos que ayer en el cuarto piso eran definidos como una operación política favorable a los objetivos del kirchnerismo, pero cimentada en la rivalidad que Elisa Carrió sostiene con Lorenzetti y con su círculo más cercano de colaboradores (la diputada también suele explayarse sobre el administrador de la Corte, Héctor Marchi).

Ya desde la segunda semana de noviembre los justices dan por descontado que el oficialismo apurará los tiempos para modificar el decreto presidencial 557/2005 que firmó Néstor Kirchner y que estableció el esquema presupuestario del Poder Judicial. Redistribuyó los recursos tributarios y no tributarios asignados a la Justicia en el Presupuesto del Estado y que llegan hasta el 3,5%. Definió que el 2,93% sea para el Consejo de la Magistratura y el 0,57% para la Corte.

El decreto llevó la firma de Kirchner y de todo el gabinete y modificó el artículo 2° de la Ley 23.853. Además, le entregó el remanente de las partidas no ejecutadas al fondo de ahorros de la Corte. En el máximo tribunal creen que la intención del kirchnerismo apunta a ese reglamento y que la causa que instruye Delgado puede ser el pretexto para una innovación inquietante. En el cuarto piso ayer recordaban que hay un proyecto del diputado ultrakirchnerista Carlos Kunkel que tiene estado parlamentario y que va en la misma dirección.

En el oficialismo negaban ayer esas ambiciones presupuestarias, aunque recordaban que, en definitiva, otorgarle el control a la Magistratura de los fondos judiciales sería adecuarse a la última reforma constitucional.

La tensión, aun así, permanece, porque hasta el momento ni la Corte ni el Gobierno cuentan con emisarios cristalinos en sus intenciones, sino todo lo contrario.

Contrapuntos que dejan atrás los gestos de distensión más recientes, como haber blindado las retenciones desde la Corte o, desde Olivos, haber decidido el adelantamiento de la vigencia del nuevo Código Civil y Comercial cuya redacción coordinaron Lorenzetti y Highton de Nolasco.

Avatares que dejaron en un segundo plano el rechazo (obvio) al "per saltum" que esgrimió el Gobierno ante la cautelar del juez Horacio Alfonso que paralizó la adecuación de oficio de Clarín a la ley de medios. La respuesta de la Corte fue demoledora al punto de recalcar que el requerimiento estuvo mal formulado, ya que AFSCA ni siquiera reparó en aportar fundamentos fácticos al "per saltum".

El nuevo revés para Martín Sabbatella ayer generaba fastidio en Balcarce 50, donde la gran incógnita giraba en torno a por qué el "per saltum" no estuvo a cargo de la abogada Graciana Peñafort, que ya representó al oficialismo en este caso (expuso ante los ministros durante las audiencias públicas) y que fue la única abogada que le trajo algún resultado positivo en un largo derrotero en el que ahora el único salvoconducto viable parece ser buscar alguna variación a la naturaleza de la cautelar que firmó Alfonso.

El "per saltum" exhibió una calidad igual de objetable que el pedido de una ONG presentado por el abogado Alejandro Carrió para que la Corte se aboque a tratar la designación del juez electoral de La Plata Laureano Durán, que es objetado por todo el arco opositor, ya que su subrogancia tiene el guiño del kirchnerismo en la Magistratura.

La solicitud fue rechazada sin grandes debates, ya que el concepto de legitimidad esbozado por el letrado fue directamente "inentendible" para los ministros.