Corte porteña defendió a Macri de sus jueces

Daniela Ugolini

En medio de sus avatares judiciales, Mauricio Macri recibió una buena noticia de la Justicia porteña: el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires resolvió a su favor el conflicto de poderes que se había desatado a partir de la propuesta del Ejecutivo para designar a la fiscal Daniela Ugolini como integrante de ese tribunal.

El fallo del Tribunal Superior de Justicia hizo lugar a los planteos de la Jefatura de Gobierno y la Legislatura porteñas, y determinó que la Justicia de la Ciudad no podía impedir que los otros dos poderes actuaran según sus funciones constitucionales. La resolución del máximo tribunal porteño no implica avances concretos en la designación de Ugolini, debido a que la Legislatura no reunió los votos suficientes para que obtuviera el cargo, pero sí es un gesto fundamental de apoyo para el gobernador porteño. Desde que comenzó su gestión, el macrismo enfrentó numerosos conflictos con la Justicia de la Ciudad, que suspendió varias obras e iniciativas a través de medidas cautelares.

La designación de Ugolini fue uno de estos casos, que fue escalando hasta llegar al Tribunal Superior de Justicia. El caso comenzó a mediados de 2009, cuando el juez Julio Maier anunció que dejaría su cargo como integrante de la Corte porteña a partir del 1 de octubre de ese año para jubilarse. Macri propuso entonces a la fiscal porteña como candidata para ocupar este puesto e inició el proceso de selección, nominación y nombramiento para el cargo.

La postulación fue resistida por algunos sectores de la Legislatura porteña, pero el conflicto interpoderes se desató cuando cuatro jueces en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad hicieron lugar a diversas acciones de amparo y dictaron varias medidas cautelares que ordenaban la suspensión provisoria del trámite. A pesar de esta disposición, la Legislatura continuó el proceso de selección y convocó a una audiencia pública para el 30 de octubre de 2009. Este hecho generó el dictado de nuevas medidas cautelares y una serie de medidas judiciales, como el allanamiento de la Legislatura, el secuestro del libro de Actas de la Junta de Ética, Acuerdos y Organismo de Control, entre otros documentos, en el marco de una posible querella por el delito de desobediencia.

Pronunciamiento

El Ejecutivo y la Legislatura decidieron frente a esta avanzada judicial plantear el caso ante el Tribunal Superior de Justicia, que fue admitido en noviembre de 2009. La Corte porteña se pronunció sobre la demanda finalmente ayer, en un fallo dividido que contó con cuatro votos a favor de la posición del Gobierno porteño y uno en contra.

Los jueces Ana María Conde, Luis Lozano, José Casás y Elizabeth Marim (designada para integrar el tribunal en este caso, como presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas) sostuvieron que el accionar de los jueces porteños había avasallado a los otro dos poderes de la Ciudad.

La titular del Tribunal Superior de Justicia, Conde, señaló además respecto a la actuación de la Legislatura, que si este organismo «pudo avanzar con los trámites de designación de la candidata Ugolini y celebrar la audiencia pública prevista en la ley, y todo ello fue realizado sin que existieran dudas u objeciones en su ejecución, fue porque este Tribunal suspendió las medidas cautelares que ordenaban no seguir adelante con el procedimiento de designación». La magistrada agregó que la votación de la candidata era «ajena a cualquier otro órgano» en el marco de las previsiones constitucionales.

Por su parte, el juez Lozano destacó que «no caben dudas de que, en cualquier supuesto, la intervención judicial hizo caso omiso del deber de respetar el desarrollo de las funciones de los poderes Ejecutivo y Legislativo sin siquiera preguntarse por la división de poderes».

Interés

En la resolución también se resaltó que el interés invocado por los ciudadanos que sostenían los expedientes judiciales ya había sido considerado por la Legislatura, a través de la oportunidad de plantear observaciones e impugnaciones en audiencia pública contra la candidatura de Ugolini, así como se subrayó que los jueces de primera instancia no permitieron que la postulante se defendiera en su momento.

Por su parte, la jueza Alicia Ruiz votó en contra de hacer lugar al planteo y afirmó que «no se han respetado las atribuciones de los jueces de primera y de segunda instancia (...) ya que ni el Poder Ejecutivo ni la Legislatura hicieron uso de los diversos recursos que prevén las normas procesales de la Ciudad». Esta línea fue fogoneada ayer por los jueces que actuaron en el caso, Elena Liberatori, Andrés Gallardo y Patricia López Vergara, quienes calificaron el fallo de la Corte porteña como un «intento disciplinador» y anunciaron que evalúan llevar el caso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación e incluso la Corte Interamericana.

En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia de la Legislatura, el macrista Gerardo Ingaramo, remarcó que «el conflicto de poderes era evidente e insostenible: los magistrados han avasallado las instituciones al haber allanado la Legislatura, ordenado a legisladores cómo votar y denunciando penalmente a los diputados de la Ciudad». Sus dichos fueron reforzados por las declaración del legislador de PRO Martín Borrelli, quien subrayó que el fallo «es relevante para las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires; el máximo tribunal convalidó todo lo actuado por la Legislatura y dejó en evidencia el accionar prepotente y avasallador de algunos jueces del fuero Contencioso y Administrativo local».