• CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL ELEVÓ A LA CORTE SUPREMA CAUSA QUE MODIFICARÍA ESCENARIO A la crisis del bloque opositor por la salida de senador K se suma definición clave de máximo Tribunal que podría devolver a 20 la cantidad de miembros y sumar partidos.
anticipo. El 9 de enero, Ámbito Financiero adelantó que la discusión pendiente tenía que ver con que la actual composición del Consejo había sido declarada inconstitucional.
La Corte Suprema de Justicia definirá un nuevo esquema para el Consejo de la Magistratura en una pulseada, simultánea y silenciosa con el Gobierno por definir un nuevo formato para el órgano de selección y remoción de jueces. Tras unos meses de demora, y luego de que durante 11 años tramitara una demanda en el fuero Contencioso Administrativo Federal, la Sala II de la Cámara de Apelaciones elevó al máximo Tribunal la declaración de inconstitucionalidad de la actual composición del Consejo, formateada a instancias de un proyecto impulsado por la entonces senadora Cristina de Kirchner. La eventual salida del senador K Ruperto Godoy y su reemplazo por algún par del PJ dialoguista no definiría completamente el panorama para que el Ejecutivo alcance el ansiado noveno voto clave para tomar decisiones. O bien se sanciona contra reloj una nueva ley para regular el Consejo, o se validará que regrese al esquema de 20 miembros, con inclusión de más fuerzas políticas, jueces, abogados y la presidencia en manos del titular de la Corte, hoy en manos de Ricardo Lorenzetti.
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El plan para delinear un nuevo Consejo era uno de los objetivos del Plan Justicia 2020 que anima el Ministerio de Justicia. Sin embargo, el actual formato (con un bloque opositor compacto de 5 miembros) podía trastocarse por dos vías. Con el recambio de representantes del Senado, que correría a dos legisladores kirchneristas por dos a definir tras el reparto que surja de los comicios de octubre; el fallo de la Cámara Contencioso que ratificó el requisito de ser abogado para acceder a una banca obligaría a una maniobra previa de sustitución de Godoy, lo que también podría impactar en el diezmado bloque opositor. Y se agrega la complejidad de que directamente toda la estructura de 13 miembros pueda ser puesta en crisis, retrotrayendo el escenario a 2006, cuando los miembros del Consejo eran 20. La idea se vuelve atractiva por el reparto de poder que implica. Quedarían cuatro consejeros jueces (se agregaría uno más), cuatro abogados (se sumarían dos, uno por los colegios del interior del país y otro en representación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal), cuatro diputados (dos por la mayoría, uno por la primera minoría y la novedad es que se integraría uno por la segunda), cuatro senadores (dos por la mayoría, uno por la primera minoría y también uno por la segunda minoría), dos académicos (suma uno), un representante del Poder Ejecutivo y el presidente de la Corte que a su vez, encabezaría también el Consejo. Con Elisa Carrió distraída en la campaña porteña, el desembarco de Lorenzetti llevaría tranquilidad también a la "Superliga" de jueces federales de Comodoro Py que ya no confían en la representación de la Asociación de Magistrados y buscaban con su nueva agrupación disputar una de las bancas con Julián Ercolini como candidato favorito.
Como adelantó Ámbito Financiero el 9 de enero, la cuestión del Consejo había quedado latente desde que la propia Sala II había declarado la inconstitucionalidad de la Ley N° 26.080 en las últimas semanas del Gobierno kirchnerista. Durante un año se intentó demorar su elevación a la Corte (ya durante la gestión Cambiemos), hasta que los camaristas José Luis López Castiñeira, Luis María Márquez y María Claudia Caputi despejaron la maraña de intervenciones y devolvieron la causa iniciada por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires -hoy una agrupación de letrados afín al macrismo- a su cauce para que la Corte tenga la última palabra.
Caputi votó en disidencia parcial con sus colegas y consideró válido un planteo de la fiscalía, que también había señalado la cuestión federal e institucionalmente relevante del asunto cuya decisión anterior de la Cámara consideró "arbitraria". "Al estar en juego las vigas estructurales del sistema jurídico y de una institución de base constitucional, se revela que los planteos que se vierten al respecto en el remedio bajo análisis estarían rodeados de trascendencia suficiente como para verificar un caso de gravedad institucional", apuntó la jueza, sobre el fondo de la cuestión.
El caso representa un posible cambio total del órgano del Poder Judicial que selecciona magistrados y promueve juicios políticos, además de atender aspectos de administración de toda la justicia a nivel país. Será una pulseada contra reloj.
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