Corte murmura: culpa por filtraciones de escuchas a la AFI y a jueces federales

DESLINDE DE RESPONSABILIDAD DEL ORGANISMO ENCARGADO DE LAS PINCHADURAS. Sigilosos movimientos para "ordenar" sistema de intercepciones de manera integral. Posible definición para segundo semestre. Coyuntura alienta debate interno pero no apurará intervención. Cuarto piso señala a los espías y a malos manejos de los magistrados.

Martín Irurzun, Carlos Rosenkrantz y Lazaro Báez.

Pese a la efervescencia generada por la proliferación de escuchas telefónicas en medios de comunicación y la repartija de culpas por la ausencia de controles para su resguardo, la Corte Suprema no evalúa una intervención directa en el asunto, al menos a corto plazo. Por el contrario, la idea que circula en el cuarto piso del Palacio de Tribunales es analizar la manera de fortalecer la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO), actualmente a cargo de las intervenciones legales. Su formato y destino podrían ser materia de definiciones para el segundo semestre de este año, lo que cristalizaría discusiones que silenciosamente se vienen dando en el seno de la Corte pero con una mirada integral. La carta con la que la oficina que depende de los camaristas Martín Irurzun y Javier Leal de Ibarra volvió (por enésima vez) a deslindar responsabilidad por las filtraciones de grabaciones, ante la queja de los abogados de la matrícula (ahora también escuchados con sus clientes), sintetizó parte del pensamiento del que parten los ministros: el problema –sin hacer nombres propios- está en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y en los jueces federales.

La coyuntura que evidencia un descontrol en el manejo de información sensible destinada sólo a fines de inteligencia no hizo más que alimentar y acelerar discusiones que, con tiempos mucho más laxos, se daban en el cuarto piso de Talcahuano 550. Se parte de un diagnóstico: la historia juega en contra de devolver la competencia de las escuchas al Poder Ejecutivo, es decir a la AFI; no hay certezas de dejarlas en manos de la Procuración, como hizo el kirchnerismo; y tampoco hay dinero para refundarlo como un organismo autónomo, quizá, bajo control legislativo. Por lo pronto, se fueron desactivando varios de sus vectores fundacionales que incluían operaciones en una decena de provincias y la ampliación de convenios que les permitiese acceder a la mayor cantidad de bases de datos posible. Así se frenó la chance de emular un FBI a la criolla.

Conviven en la Corte distintas posiciones. Tampoco pasó desapercibido el informe del relator especial de la ONU sobre derecho a la privacidad, Joseph Cannataci. Hizo una evaluación elogiosa de la DAJuDeCO pero destacó la necesidad de “revisar tanto el diseño institucional como las salvaguardias aplicadas” a la protección de la información sensible que maneja. Concluyó que entre las “vulnerabilidades” que detectó está el “uso excesivo” de pinchaduras para un gran abanico de delitos y no solo los graves. De nuevo los jueces quedaron en el centro de la discusión por manotear teléfonos como un acto reflejo. Cannataci hizo foco en la “debilidad de controles en la cadena de custodia” y en la “falta de un control independiente sobre el uso de las interceptaciones”. Cargó contra la opacidad de los servicios de inteligencia, su estructura y sus actividades. Nuevamente la AFI y su retroceso en cuanto a transparencia quedaron en evidencia.

La Corte no llegó a una conclusión sino a diagnósticos informales con mayor o menor carga catastrófica según sus visiones sobre el funcionamiento de un organismo con un plantel de 300 personas. Tampoco está influido por funcionarios que podrían estar a tiro de ser removidos con una resolución. Ni se cerró la discusión sobre si deberían ser jueces los responsables a la cabeza del organigrama. Roles, perfiles, estructura, atribuciones y protocolos son aspectos sobre los que ha habido movimientos, aunque no hay consensos aún para que haya un quiebre con la situación que se arrastra desde hace tres años y que mostró flaquezas demasiado rápido.

El martes, representantes del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal mantuvieron una reunión con el presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz. La excusa formal fue otra pero deslizaron la preocupación por la difusión de escuchas. Ayer, la DAJuDeCO contestó haciendo un minucioso repaso del protocolo que siguió con las escuchas a los detenidos de Ezeiza y Marcos Paz, e incluso remarcó que quienes estaban autorizados a retirar las grabaciones eran de AFI, y los que pidieron y autorizaron el intercambio fueron los mismos jueces.

Un día antes, el abogado de Lázaro Báez, Víctor Hortel presentó un pedido de “per saltum” para que la Corte se aboque a expedirse sobre el asunto. Irá a una vía muerta.