Crean polémica red de informantes en Capital

Guillermo Montenegro

El ejército de vigiladores privados que ocupa puestos en la Ciudad de Buenos Aires comenzará a colaborar con la Policía Metropolitana alertando sobre presuntos delitos que consideren se estén cometiendo más allá del propio espacio en el que se desempeñan como contratados.

Pero la idea, que ya desató polémica, es ampliar esa red sumando a taxistas, canillitas y hasta porteros de edificios o recolectores de residuos, quienes tendrían una línea especial directa con los metropolitanos y además recibirían un premio cuantas mas alertas realicen.

En el caso de los autos de alquiler piensan en colocar botones de tres colores para oprimir de acuerdo con la urgencia que evalúe el conductor.

La iniciativa no tiene por ahora una partida presupuestaria destinada y se comenzará a aplicar sólo a modo de prueba en los barrios porteños de las comunas 12 y 15 (Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Coghlan, Agronomía, La Paternal, Villa Ortúzar, Chacarita, Parque Chas, Saavedra y Villa Crespo).

El ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, firmó ayer con ese propósito un convenio con la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad e Investigación (CAESI) para que los cerca de 30.000 agentes de seguridad privada que se desempeñan en el distrito colaboren con la Policía Metropolitana «en el fortalecimiento de la seguridad pública en el marco del Plan de Seguridad Integral».

El funcionario explicó que «en Madrid, por ejemplo, los taxistas alertan hechos de estas características al 112» y que el plan piloto durará 60 días.

Según el convenio, Montenegro explicó que el Gobierno de la Ciudad dará «una capacitación a través del Instituto de Formación de la Policía Metropolitana para ver cómo los vigiladores deben hacer los alertas y en qué tipos de circunstancias, para poder así derivar con precisión los llamados que tengan que ver con la seguridad específicamente, o una alerta de tipo civil o una alerta médica».

Por otra parte el ministro anunció que se extenderá esa red de vigilancia, por ejemplo con los encargados de edificios para «incorporar más ojos para controlar la seguridad».

«Todo se va a organizar debidamente. Para dar un ejemplo: un taxista en la calle tiene tres botones, uno rojo, uno verde, uno amarillo, y los toca según lo que esté pasando, se trate de un accidente de tránsito, de una emergencia de salud o de un hecho delictivo», dijo Montenegro.

La iniciativa ya provocó rechazo. El legislador Marcelo Parrilli (MST en el Movimiento Proyecto Sur) declaró: «Macri quiere convertir Buenos Aires en una ciudad de vigilantes y delatores, al estilo del 1984 de George Orwell. No sólo no ataca las causas sociales de fondo de la inseguridad, sino que busca deslindar sobre terceros responsabilidades indelegables del Estado como la prevención y la seguridad».

Por su parte, Aquiles Gorini -titular de la Cámara Argentina de Empresas de Seguridad Privada- aclaró que «el empleado de seguridad no participa, la función policial no la tiene incorporada a esa acuerdo, la capacitación no apunta a eso sino a tener la capacidad de evaluar lo que está viendo para que la reacción policial sea coherente» y que «el vigilador tiene que denunciar los delitos de instancia pública, no tiene carga de intervención pero sí de información».

En otro sentido, Montenegro habló de recompensas a los denunciantes y dijo que se buscarán que distintos actores «puedan participar para que el Estado pueda tener más información y mayor capacidad de respuesta» y que para eso está previsto un «scoring» de vigiladores, para «que reciba un premio el que hace bien su trabajo».