Barcelona y Madrid - La cuenta atrás hacia la ruptura total del diálogo entre Madrid y Barcelona quedó ayer marcada por el debate sobre la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña y por la posible comparecencia en el Senado español del jefe del Gobierno regional, Carles Puigdemont.
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El "Parlament" en Barcelona celebrará mañana un pleno en el que se espera que Puigdemont declare la independencia, pero diversas fuerzas insistieron ayer en pedirle que evite ese paso y convoque en cambio elecciones autonómicas como salida "in extremis" a la crisis creada por su desafío secesionista, la peor en cuatro décadas.
"Si se convocan elecciones, la aplicación del artículo 155 de la Constitución no tendría razón de ser", dijo Margarita Robles, vocera parlamentaria de los socialistas del PSOE en el Congreso español, en referencia a la intervención de la autonomía prevista por el Gobierno central.
Incluso el Partido Nacionalista Vasco (PNV), que gobierna la región del norte de España, apoyó ese pedido.
Madrid, por el contrario, cuestionó la idea de que la convocatoria a comicios alcance para paralizar la aplicación del artículo 155. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aclaró que "el asunto va mucho más allá" y sostuvo que la única salida pasa por que el "Govern" explique que no declaró la independencia y vuelva a la ley.
La convocatoria de elecciones está siendo estudiada por Puigdemont, según reveló ayer el izquierdista Candidatura de Unidad Popular (CUP), partido que lo apoya en el Parlamento.
El segundo frente que marcó la escalada entre Barcelona y Madrid fue el intento de cuadrar una comparecencia de Puigdemont en el Senado, donde el Partido Popular de Rajoy tiene mayoría absoluta.
El líder regional no había descartado presentarse hoy ante una comisión de la cámara alta que debe discutir la aplicación del 155, pero ésta lo rechazo y lo invitó a hacerlo mañana.
También podría asistir el viernes al pleno del Senado, lo que permitiría un cara a cara con el propio Rajoy.
"La voluntad es ir, pero cada vez lo ponen más difícil", criticó ayer el vocero del Ejecutivo catalán, Jordi Turull.
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