Crece rechazo a la ley de ganancias: ahora UIA y CAME

Daniel Funes de Rioja

El proyecto de ley que impulsa el diputado por la CGT Héctor Recalde tuvo por estas horas el casi imposible logro de hacer que dos adversarios, la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y la UIA (Unión Industrial Argentina), sostengan la misma postura: el rechazo de plano. Ayer el «Grupo de los Siete», tal como se conoce a la mesa chica conformada por la UIA, la Cámara Argentina de Comercio (CAC), Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Asociación de Bancos Privados de Capital Argentino (ADEBA) y la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) dejó trascender que no concurrirá a la audiencia a la Cámara de Diputados. Puntualmente, la CAC emitió un comunicado en el que «solicita una postergación de la reunión», debido a que «debe analizar minuciosamente el proyecto y sus consecuencias posibles, la legislación y experiencia comparada y la situación actual en nuestro país al respecto».

La CAME, que preside Osvaldo Cornide, también emitió ayer un comunicado que -si bien arranca en un tono casi conciliador al recordar que «en reiteradas ocasiones coincidimos con la CGT»- define a la norma que quiere imponer el jefe de Recalde, Hugo Moyano, como «una iniciativa que no beneficia a los trabajadores, a las pymes y al país en su conjunto».

La última de las manifestaciones públicas desde la UIA sobre este proyecto la produjo el abogado laboralista Daniel Funes de Rioja el jueves en el marco del Coloquio de IDEA. Dijo que si no se impedía su sanción esa ley incrementaría el poder del sindicalismo a límites intolerables y agregó que «estaba en juego la propiedad de las empresas, porque lo siguiente será la cogestión».

CAME expone además preocupaciones que parece compartir con la UIA, por caso el temor a que los empresarios pierdan el control de sus compañías. «No beneficia a los trabajadores porque viola otros principios y garantías constitucionales, entre los que se pueden mencionar el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad de optar por una organización sindical libre y democrática», afirma el documento. De nuevo, el tema de la propiedad privada se ubica en el centro de las preocupaciones empresarias, aun de aquellas organizaciones más afines a las políticas oficiales.

Agrega con inusual dureza la CAME que «se violentan garantías constitucionales al conceder a los gremios facultades propias del poder de policía que se encuentran delegadas exclusivamente en el Estado, al permitir a las organizaciones sindicales intervenir y fiscalizar los estados contables de las empresas. Esta facultad altera el fino equilibrio que surge entre empleado y empleador, ya que coloca al primero en una posición de recaudador más que de operador.»

Finalmente, la CAME asegura que la ley -de ser aprobada- generará «una amplia división de clases dentro de los trabajadores, beneficiando a los que están dentro del sistema y no a quienes se encuentran al margen del mismo», y advierte que muchas pymes quedarán al borde de la desaparición y se perderá el vínculo casi familiar que mantienen sus dueños con sus trabajadores. Una iniciativa de estas características generará lo contrario a lo que pretende obtener, es decir, mayor desempleo, desinversión y menor crecimiento».