Cristina camino a ser indagada por denuncia Nisman

Sin elementos novedosos y con la base de la denuncia original se presentó pedido a Bonadio que concretará los llamados a 14 acusados y los procesará.

11 de julio de 2017

Sin ningún elemento novedoso como prueba, el fiscal Gerardo Pollicita continuó la saga inaugurada en enero de 2015 por el fiscal Alberto Nisman, y pidió una serie de indagatorias apoyado en su denuncia por presunto encubrimiento de los acusados iraníes por el atentado a la AMIA. Sólo se extendió la nómina de acusados por la firma del Memorando de Entendimiento con Irán más allá de Cristina de Kirchner y su círculo más cercano, se solicitaron embargos y la prohibición de salida del país. El dictamen de 255 carillas, que ya había sido impulsado por el propio fiscal antes de que la causa fuese archivada por inexistencia de delito, se basa en un thriller narrativo aunque con las mismas falencias probatorias que exhibía en un principio. Más allá de eso, la única duda es cuándo el juez Claudio Bonadio fijará las fechas de las citaciones, y si el expediente terminará siendo el plato fuerte del tramo final de la campaña electoral.

El pedido de indagatoria es para 14 imputados, y abarca entre otros al excanciller Héctor Timerman, al diputado Andrés "Cuervo" Larroque, al piquetero Luis D'Elía, el exlíder de Quebracho, Fernando Esteche, al supuesto intermediario con la comunidad iraní, Jorge Yussuf Khalil, al exjuez Héctor Yrimia y al espía inorgánico Ramón "Allan" Bogado, tal como pedía la denuncia original de Nisman. Pollicita incorporó a otros como la exprocuradora del Tesoro Angelina Abbona, y el exsubsecretario de inteligencia, Juan Martín Mena. El fiscal utilizó los mismos audios de las grabaciones aportadas por la UFI AMIA de los teléfonos de Khalil y siguió el mismo hilo argumental al considerar que existió "un plan criminal destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede local de la AMIA, de manera tal que éstos pudieran eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la Justicia argentina". Todo esto apoyado en un restablecimiento de las relaciones comerciales. En sintonía con el planteo original, el plan fue "orquestado y puesto en marcha" por la expresidente y demás acusados a través de la firma del Memorando, un "instrumento que claramente respondía a los intereses de las autoridades iraníes resultaba funcional al plan criminal". De los testimonios incorporados en los últimos meses, quedó pendiente el de Ronald Noble, exdirector de Interpol que afirmó que nunca hubo pedido para el cese de las alertas rojas que -al día de hoy- pesan sobre los acusados por el ataque. Caratulado como encubrimiento y traición a la patria, el dictamen no hace referencia a los diputados y senadores que aprobaron en el Congreso el tratado internacional, que finalmente fue considerado inconstitucional por la Justicia.

Pollicita considera que Cristina de Kirchner adoptó un cambio de política en torno a los iraníes, en su voluntad por someterlos a la Justicia local, y que el comienzo fue la reunión de cancilleres de ambos países en la ciudad de Arepo, Siria, donde se dio inicio a las primeras conversaciones en torno al Memorando. Todo el dictamen apela a que las negociaciones ocurrieron a través de una diplomacia paralela y bajo un manto de secretismo. Cables diplomáticos, entrecruzamiento de llamados y salidas al exterior fueron elementos agregados a este segundo capítulo de la denuncia de Nisman. Apeló incluso a un viaje realizado por Mena, sobre quien dijo que no tenía relación con las tratativas en su rol dentro del Ministerio de Justicia. Sin embargo, era por entonces titular de la Unidad Especial AMIA por el lado del Poder Ejecutivo.

El dictamen acusatorio había sido adelantado en exclusiva por Ámbito Financiero el 17 de julio pasado. Más allá de que nunca entró en vigencia y que terminó por ser aprobado por el Congreso, Pollicita insistió en la centralidad del Memorando para hilvanar la acusación que tampoco se abrió a diálogos telefónicos más comprometedores. "Este instrumento que claramente respondía a los intereses de las autoridades iraníes resultaba funcional al plan criminal", subrayó el fiscal. El segundo paso es previsible: Bonadio accederá a las indagatorias y luego avanzará en procesamientos y embargos patrimoniales de los acusados, bajo el supuesto de un resarcimiento a las víctimas del atentado, cuyas agrupaciones, paradójicamente, se habían expresado a favor de las tratativas diplomáticas.