Cristina encara un octubre judicial con fallos preelectorales

Edición Impresa

• ÚLTIMO MES DE CAMPAÑA ATRAVESADO POR DEFINICIONES DESDE COMODORO PY
Cámara confirmará procesamiento por Los Sauces y juez Bonadio gatilla indagatoria por pacto con Irán. Cortocircuitos entre Anticorrupción y jueces por “megacausa” de obra pública. Expediente Hotesur, recién para inicio de 2018.

Los tribunales federales de Comodoro Py serán protagonistas del último mes antes de las elecciones con decisiones que tendrán réplica en la campaña que encabeza el espacio de Cristina de Kirchner, quien deberá esperar definiciones en varias causas que la involucran. La Sala I de la Cámara Federal confirmará los procesamientos de la expresidente y candidata de Unidad Ciudadana por la causa Los Sauces. Quedará prefigurado el escenario para la conformación de una megacausa que también integre a su expediente mellizo: Hotesur. En esa causa, la exmandataria declarará ya cuando haya sido electa y antes de asumir su banca en el Senado, pero el asunto se colará en la campaña electoral, con la ronda de indagatorias que empezará el 5 de octubre. De todas formas, nada preanuncia que Cristina vuelva a pisar tribunales antes de las legislativas.

A la confirmación esperada en Los Sauces (y causas aledañas por intervenciones, embargos e inhibiciones que ya vienen cayendo a cuentagotas) se le agregará una definición acerca de la decisión del juez Sebastián Casanello de remitir a su par Julián Ercolini el tramo de lavado de dinero que involucra a Lázaro Báez. Ámbito Financiero adelantó que la configuración de una mega causa contra la candidata de Unidad Ciudadana y con más de 70 imputados conspira contra tiempos breves de elevación a juicio por los múltiples planteos de las defensas que podrán sembrarse en el camino. La Oficina Anticorrupción tomó nota de esta situación, auspiciada explícitamente por la Sala II de la Cámara, con Martín Irurzun a la cabeza. La oficina que comanda Laura Alonso se presentó ante el juez para oponerse a esa decisión, lo que fricciona contra los camaristas que hace un año vislumbraron un mega expediente que apunte a Cristina al frente de una asociación ilícita. Esto involucraría tanto el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, los alquileres a hoteles y locaciones de su propiedad, como finalmente el lavado de activos de Báez como partes de una misma maniobra prolongada en el tiempo.

El 5 de octubre tendrá que presentarse ante Ercolini la apoderada de la firma "Kank y Costilla" del grupo Austral Construcciones, María Alejandra Jaimeson. El apretado cronograma -en el que Cristina declarará el 9 de noviembre y culminará el 20 de diciembre con el escribano Leandro Albornoz-, difícilmente permita, ante un mínimo obstáculo, que haya un procesamiento antes de 2018. En el medio, la exmandataria asumirá su banca al filo de la feria judicial.

De todas formas, Claudio Bonadio todavía no gatilló el pedido del fiscal Gerardo Pollicita para que se la indague por la firma del memorándum de entendimiento con Irán, en la continuación de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman. Unificó los dos expedientes en trámite por encubrimiento (el original) y otro por traición a la Patria. Fue el paso previo al que solo resta que tome una decisión acerca del momento de convocarla, algo que podría suceder en las próximas semanas y se colaría en medio de la campaña.

Ercolini -a esta altura convertido en uno de los principales jueces a cargo de causas candentes- deberá también tomar una decisión (procesamiento, seguro) sobre la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó. Sin un horizonte claro sobre cómo esa situación podría destrabarle al gobierno la posibilidad de removerla de su cargo sin escándalo mediante, su guerra con la Casa Rosada le ha servido a la exmandataria para cruzar a la gestión Cambiemos en clave electoral. Con un eventual procesamiento por la compra de un edificio para la Procuración General, el tironeo por Gils Carbó puede ingresar como eje de la campaña.

En el camino, el fiscal Carlos Stornelli activó una denuncia de un abogado ligado al oficialismo por presunta "insolvencia fraudulenta" contra la candidata del kirchnerismo al Senado. La imputó y le pidió al juez Luis Rodríguez que analice el "presunto traspaso de bienes, cuentas bancarias y acciones societarias por parte de la ex Presidenta para evitar responder a los embargos trabados en los expedientes penales". Rodríguez podrá plantarse ante un eventual pedido de indagatoria. Ya lo hizo cuando el mismo fiscal le requirió el desafuero y detención de Julio De Vido, cuya citación concedió luego de un "sogazo" de la Cámara Federal que anuló su fallo y le ordenó valorar lo que pedía el fiscal. Rodríguez rechazó una detención por un expediente derivado del supuesto desvío de fondos por la mina de Río Turbio. Stornelli apeló a la Cámara Federal nuevamente y el fiscal Germán Moldes avaló que se active el proceso de desafuero. De Vido enfrenta además el 27 de septiembre el inicio del juicio oral en su contra por la tragedia de Once. Hoy deberá hacer efectivo el nombramiento de nuevos abogados para que ejerzan su defensa, luego de que sus anteriores letrados abandonaran a días del comienzo, alegando que se había violentado el debido proceso.

Dejá tu comentario