Cristina, de nuevo, en la foto equivocada

Julio Cobos

La derivación de la pesquisa sobre los fondos aportados por empresas del rubro farmacéutico a la campaña de la fórmula presidencial del kirchnerismo en 2009 es otra complicación a la inserción global de la Argentina. Pese al obligado resguardo del secreto profesional, se informó ya que la UIF (Unidad de Investigación Financiera) tramita una denuncia del Banco de Santander por cheques firmados por dos de los aportantes a la fórmula Cristina de Kirchner-Julio Cobos que registrarían actividad como monotributistas.

Esa entidad actuó según un protocolo impuesto por el Banco Central que la obliga a denunciar ante la UIF las operaciones señaladas por la «inhabitualidad» -depósitos de monto o frecuencia inusual en quienes ponen o sacan dinero de los bancos- o por la personalidad de los responsables (por ejemplo, si por el medio de vida declarado pueden manejar determinados montos.

Esa denuncia ante la UIF pone al organismo en la vidriera justo cuando en dos meses recibirá una misión del GAFI (Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales), un organismo internacional que impone normas globales para el control de los capitales que circulan por el mundo. Esa misión hará una auditoría sobre la situación de la Argentina en cuanto al cumplimiento de las llamadas normas de Basilea que se usan para evitar el lavado de dinero. La última auditoría a la Argentina la hizo el GAFI en 2004 y ésta se producirá en medio de las denuncias de uso presunto de fondos negros de origen empresario y sindical en la campaña política del oficialismo.

El Gobierno paga con estas zozobras el silencio que ha hecho antes sobre las denuncias de cheques de Sebastián Forza -asesinado en una trama no resuelta de narcotraficantes- aportados al Frente para la Victoria. Apenas reaccionó desgranando funcionarios que algo podrían saber, como el ex superintendente de Salud Héctor Capaccioli o la misma ex ministra Graciela Ocaña. Un desacierto, porque el llano activa la memoria y la deslealtad del castigado.

Para colmo, esto le ocurre al Gobierno cuando Cristina de Kirchner se dispone a desembarcar en la cumbre del G-20 de Pittsburgh del 24 y 25 de setiembre como martillo de los paraísos fiscales. Desde el descubrimiento de ese foro en el techo de mundo, el Gobierno argentino se ha dedicado a combatir el flujo de dinero por bancos radicales en esos paraísos. Se sumó a la cruzada de los Estados Unidos, país que se dice perjudicado por evasores y delincuentes que usan esos santuarios para eludir la vigilancia del Estado. Cristina de Kirchner en Londres, en abril pasado, fatigó a sus colegas hasta lograr una declaración que contuviese un anexo con la lista de esos paraísos. Usó argumentos éticos y políticos que dificultosamente admitieron mandatarios con más experiencia y que entienden que por algo se los llama «paraísos».

Este fin de semana, los «sherpas» de los jefes de Estado que irán a la cumbre de Pittsburgh se reunirán en la Casa Blanca invitados por Michael Froman, delegado de Barack Obama para el G-20 que además es Deputy National Security Adviser

for International Economic Affairs; por la Argentina estará Héctor Timerman, embajador en Washington y «sherpa» de Cristina de Kirchner para el G-20. Su misión es aprobar el documento final sobre los puntos de discusión en Pittsburgh que redactaron el último fin de semana en Londres los jefes de bancos centrales y ministros de Economía (entre ellos, Martín Redrado y Amado Boudou) y uno de los puntos que la Argentina intentará endurecer es precisamente la sanción a los paraísos fiscales.

Que esto ocurra cuando el Gobierno aparece de nuevo rozado por las cercanía del dinero negro de la política es otro revés que se buscó el propio oficialismo, que acusa a los demás de pecados que él mismo comete.