Cristina prefirió a santacruceña como abogada del Estado

• Esperable salida del peronista Da Rocha

Joaquín Da Rocha

La abogada santacruceña Angelina Abonna juró ayer como nueva procuradora del Tesoro -es la oficina que representa al Estado en los litigios- en reemplazo del abogado Joaquín Da Rocha, quien había asumido en enero pasado en plena pelea del Gobierno nacional con Martín Redrado por el uso de reservas para pagar la deuda. La abogada juró ante Cristina de Kirchner, pero no cobrará sueldo; fue fiscal de Estado en Santa Cruz, antes concejala en la localidad de Puerto Santa Cruz y era hasta ahora auditora del Ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner. Desempeñará el cargo de forma honoraria porque percibe una jubilación especial por un monto superior al sueldo de procurador. Tiene, claro, el incentivo que hace atractivo el cargo: todos los funcionarios de la Procuración cobran honorarios en juicios que ganen con cargo a la otra parte, es decir si ganan el litigio. Esa prebenda incluye al procurador, aunque para cobrarlo primero hay que ganar un juicio -algo difícil tratándose del Estado contra particulares-, y luego hay que estar en el cargo en el momento de cobrar. Esto suele ocurrir cuando al procurador ya es otro (Resolución 57/2.000).
La procuradora Abbona tiene un pasado insurgente en Córdoba, donde militó en la agrupación maoísta Vanguardia Comunista, que reportaba a su compañero de estudios Carlos Zannini. Perseguidos por la dictadura militar, Abbona y su actual esposo, Mengueche Mengarelli, fueron a dar a Santa Cruz en donde rehicieron su vida. Identificada con Néstor Kirchner desde los años 80, lo acompañó en su gestión municipal en Río Gallegos y también en la gobernación. A la hora de designar a alguien que defienda al Gobierno en los tribunales, Cristina de Kirchner escuchó el consejo de Zannini de desplazarlo a Da Rocha, de quien todos recuerdan ahora que fue representante del Gobierno Duhalde en el jury de enjuiciamiento de fiscales y que patrocinó desde su estudio al Gobierno de Chile con la Argentina en la causa de extradición del ex guerrillero Galvarino Apablaza. Todo esto lo sabía el Gobierno, pero lo toleró hasta ayer en el cargo.
El cambio cierra una crisis entre Da Rocha -un abogado importante de la red de estudios vinculados al peronismo- y el Gobierno que lo designó, que incluyó un ingrediente personal: la ex esposa de Da Rocha, la fiscal Mónica Cuñarro, creció en el último año como asesora en materia penal de Aníbal Fernández. Esa distancia en la relación personal lo apartó a Da Rocha de la amistad con el jefe de Gabinete. Éste había empujado su designación en enero para cubrir el cargo que dejó de manera intempestiva Osvaldo Guglielmino, a quien el matrimonio Kirchner le reprochó errores en la estrategia judicial para enfrentar la crisis que terminó con el despido de Redrado.
Da Rocha, como consecuencia de esa tensión personal, fue víctima de críticas de voceros del Gobierno a través de la prensa amiga que lo señaló como presunto integrante de una banda (política) que auspiciaba la candidatura presidencial de Daniel Scioli. En notas de Página/12, el asesor Horacio Verbistky mostró un prontuario de la conducta de Da Rocha que incluyó el relato de una presunta conspiración trajinada en la fiesta de casamiento de una hija de Da Rocha, adonde concurrieron funcionarios sciolistas (y el propio Scioli, pero a la Iglesia, en donde «cuchicheó» con el procurador).
La relación Scioli-Da Rocha no es nueva ni la ignoraba Cristina de Kirchner cuando lo designó como procurador con la venia de Zannini (valedor hasta entonces de Guglielmino). En la campaña de Scioli para gobernador en 2007, que compartió con ella, que corría para la presidencia, Da Rocha era un personaje habitual. Estuvo en los papeles del gobernador para ser ministro de Justicia o de Seguridad, y se hizo acompañar con él en actos con fuerzas policiales. Se quedó fuera del gabinete cuando apareció Carlos Stornelli por algún reproche que recibió ya entonces por su relación con el grupo Clarín, con el cual el cafierismo (que integra Da Rocha) siempre ha tenido una relación especial.
El ataque final sobre Da Rocha, sin embargo, ocurrió porque es amigo del abogado Gustavo Caraballo -asistente también a esa boda-, quien pocos días antes de esas publicaciones había declarado que no era cierto que las acciones de Papel Prensa hubieran sido vendidas por la familia Graiver bajo presión del Gobierno militar. Como Caraballo es un mito viviente del peronismo -fue secretario de la presidencia de Juan Perón, escribió para José Gelbard el pacto social de 1973 y sufrió cárcel, tortura y exilio-, esa declaración fue un golpe fuerte para el Gobierno, que también intentó descalificar a Caraballo, que fue integrante del kirchnerista grupo Calafate y actuó como defensor del Estado después de 2003 en el juicio contra el grupo Eriday por la pretensión de cobrar mayores costos por la construcción de la represa de Yacyretá.

Con esas constancias, en los dos últimos meses Da Rocha era un dead walking man y pareció siempre cuestión de días que dejase el Gobierno. Desde la actuación en la campaña de Cristina-Scioli Da Rocha se identificó dentro de la familia bonaerense como un crítico de la doctrina Arslanian que Scioli desbarató al asumir la gobernación. Con el regreso de esa doctrina de seguridad con la designación de Nilda Garré, el destino del «Chango» Da Rocha ya estaba jugado.