Sortean denuncia de UIF por "lavado"

El juez federal Sebastián Ramos fue sorteado ayer para investigar una denuncia por lavado de activos contra empresarios y exfuncionarios que están procesados en la causa de los “cuadernos”. Se trata de una denuncia que la UIF había hecho ante el juez Claudio Bonadio, pero este magistrado sostuvo que no debía investigarse en su causa, y que de hecho no iba a incluir ese delito en la causa principal. La Unidad de Información Financiera (UIF) que conduce Mariano Federici es querellante en el caso de Bonadio y pidió abrir una causa contra los exfuncionarios y empresarios de obra pública, que están imputados y que participaron del blanqueo.

Bonadio consideró que la denuncia de la UIF “excede el objeto de la investigación” de los “cuadernos”, motivo por el cual giró el expediente a la Cámara Federal para que realice el sorteo. Ayer quedó a cargo el juez Sebastián Ramos, que puede aceptar el caso, o decir que hay conexidad con la causa “cuadernos” y ante la negativa de Bonadio, puede quedar en manos de la Cámara definir qué juez actúa. “De momento no resulta posible establecer que las maniobras de lavado de activos denunciadas respecto de la totalidad de las personas imputadas pudieron haberse realizado como consecuencia de las actividades ilícitas investigadas en el marco de esta causa”, sostuvo Bonadio.

El juez Bonadio pretende iniciar los pasos para poder enviar su causa lo más rápido a juicio oral.

La lista que pide investigar la UIF podría abarcar desde la ex presidenta Cristina de Kirchner, sus exfuncionarios y empresarios como Carlos Wagner, de ESUCO, Juan Carlos de Goycoechea (Isolux), Aldo Roggio (Roggio Hermanos), Héctor Zabaleta del el grupo Techint, cuya cabeza Paolo Rocca está actualmente con falta de mérito. También podría investigarse a Ángelo Calcaterra, procesado en la causa y primo del presidente Mauricio Macri.

El organismo había informado la semana pasada en un comunicado que “ha solicitado al juez Claudio Bonadio que se formen legajos independientes a fin de investigar las sospechas de lavado de activos derivadas de los delitos contra la administración pública que ya se encuentran bajo investigación”. Según la presentación de la UIF, el lavado de activos se genera a partir de la organización ilícita y la sustracción de fondos públicos “a partir de la concertación en las contrataciones perjudiciales, y por los sobreprecios pagados por el Estado en la obra pública cartelizada”. Para la UIF el dinero, que también se habría utilizado para distintos fines, como el financiamiento de campañas electorales, también podría haber ido a parar a bolsillos de los empresarios.