EE.UU. es el quinto país del mundo con más ejecuciones y buena parte de los 32 estados donde está vigente la pena capital afronta desde 2010 problemas para conseguir los fármacos necesarios para fabricar la fórmula tradicional de la inyección letal.
Por un lado, los proveedores europeos cortaron en los últimos años el suministro de sus fármacos para que no sean usados en las salas de ejecuciones. Por otro, los abogados de los condenados y los opositores a la pena de muerte viraron sus quejas en los últimos meses hacia la falta de información sobre cómo se ejecuta a los presos.
Desde enero, testimonios advirtieron de jadeos de sufrimiento y palabras entrecortadas de dolor en más de una ejecución, incluida la del martes en ese estado sureño. "Siento que se me quema todo el cuerpo", dijo un reo en enero, segundos antes de morir.
Hasta 2010, la mayoría de los estados usaba una fórmula para la inyección letal que contenía tres fármacos: uno con efecto anestésico, otro que paralizaba los músculos y uno tercero que paraba el corazón. Sin embargo, la falta de stocks de estas sustancias en algunos estados se topó con un cambio de actitud de los productores farmacéuticos europeos que tradicionalmente proveían ese tipo de componentes químicos.
Grandes firmas europeas se oponen a que sus fármacos -que pueden ser anestésicos usados en operaciones cotidianas de hospital- se vendan para ser administrados en una inyección letal.
En la Unión Europea, ya en 2005, se aprobó un reglamento que establece un régimen de exportaciones más severo y controlado para aquellas sustancias que puedan ser usadas en terceros países para practicar la pena capital o la tortura, ambas prohibidas en Europa.
Ante la falta de existencias, los estados buscaron en los últimos años nuevos suministros para seguir administrando la inyección letal. Según el observatorio Death Penalty Information Center, algunos dejaron de depender de las farmacéuticas y optaron por recurrir a las farmacias de compuestos en EE.UU., centros que combinan varios fármacos, los alteran o producen nuevas fórmulas que imitan medicamentos. Aunque en algunos casos se desconoce, el observatorio de la pena de muerte tiene constancia de que los servicios penitenciarios de estados como Colorado, Georgia, Texas, Ohio y Misuri, entre otros, compran la inyección letal a este tipo de empresas.
En 2013 se dieron pasos para controlar mejor estos centros, tras un brote de meningitis que se atribuyó a unas vacunas producidas en una farmacia de compuestos en Massachusetts. Pese a ello, los controles y las regulaciones siguen siendo menores que para las farmacéuticas.
Cambiaron los proveedores y también las fórmulas, que difieren de un estado a otro. Algunos usan dosis letales de anestésicos, otras el fármaco pentobarbital y hay casos en los que se usan composiciones entre varias sustancias.
Este último concuerda con la problemática ejecución del martes en Oklahoma, donde las autoridades usaron por primera vez el fármaco midazolam como parte de una inyección letal de tres componentes, una fórmula que ya se había empleado en Florida.
Pero, para no repetir el boicot de las compañías, varios estados recurren a leyes secretas para no revelar públicamente qué empresas les proporcionan los fármacos.
Esta falta de información es la que ha iniciado numerosos procesos judiciales en varios estados y en algunos casos, como en Georgia, se consiguió que la Justicia dictaminara que los datos tenían que ser publicados. Sin embargo, tanto en Oklahoma, donde se produjo la problemática ejecución de este martes, como en Texas, donde se ajusticia al mayor número de presos del país, los intentos judiciales para posponer las ejecuciones por la falta de información fracasaron.
| Agencia EFE |
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