De recuperación histórica a una condonación bochornosa

Franco Macri

Una de las medidas que marcaron los primeros días de la presidencia de Néstor Kirchner fue, sin duda, la histórica recuperación del Correo Argentino, una de las privatizaciones más trágicas y perversas de la década del 90, que se transformó en un emblema de que el Estado podía y debía administrar servicios estratégicos.

Con pocos antecedentes en el mundo, a mediados de los 90, en pleno auge del credo neoliberal, que pregonaba que la gestión privada de los servicios públicos era más eficiente que la del Estado, se licitó la concesión por 30 años de la antigua Encotesa, quedando en manos de la empresa Correo Argentino del Grupo Macri por presentar la oferta de canon más alta (51,6 millones de dólares semestrales).

Este importe fue abonado en forma regular sólo durante el primer año de concesión y desde entonces la empresa comenzó a cuestionar su obligación de pagar. En 2001 Correo Argentino convocó a un concurso preventivo de acreedores, al que llamativamente se presentó el Estado nacional, bajo la gestión de Fernando de la Rúa, a través de su secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar (hoy vicepresidente de Arsat), en lugar de iniciar el proceso de rescisión de contrato por el grave incumplimiento que significaba el no pagar el canon correspondiente.

En 2003, ante la magnitud del incumplimiento del Grupo Macri (se negaba a algo tan elemental como pagar lo comprometido al Estado por explotar el correo), Kirchner no dudó y nos ordenó avanzar en el procedimiento para rescindir el contrato, que se concretó mediante el Decreto 1075 de noviembre de 2003. De esa manera no sólo se ponía fin a una concesión escandalosa sino que el Estado recuperó un servicio del que nunca debió haberse desprendido.

Lo más patético es que el Grupo Macri justificaba la falta de pago del canon por las supuesta inversiones que había realizado, entre las cuales incluían las indemnizaciones de los 7 mil trabajadores que habían despedido.

Luego de la creación del nuevo correo estatal, el Estado nacional inició todas y cada una de las acciones legales que estaban a su alcance. Así se verificaron los créditos y se ejecutaron las garantías por 50 millones de pesos, que habían sido aceptadas por las autoridades que llevaron adelante su privatización.

En primer lugar se ejecutó una póliza del Banco Galicia de 5 millones de pesos y tras reclamos judiciales (ante la negativa inicial del Banco) se cobraron 12 millones de pesos por intereses y moras. Una segunda póliza de la Caja de Reaseguros y Garantías por 45 millones de pesos fue ejecutada mediante acciones judiciales y continúa aún hoy en trámite, en etapa de prueba, en el fuero Contencioso Administrativo Federal, cuando debía abonarse en forma automática.

En relación con el concurso preventivo, el servicio jurídico del Ministerio de Planificación Federal, con la supervisión de la Procuración del Tesoro (inicialmente a cargo del actual ministro de la Corte Suprema Horacio Rosatti) verificó una deuda de 256 millones de pesos del Grupo Macri al Estado.

En 2008, determinados y verificados los créditos, Correo Argentino SA (Grupo Macri) efectuó distintos acuerdos preventivos con los restantes acreedores en similares condiciones a las que ahora acordó con el Estado nacional. Con la diferencia que en este caso proponía lisa y llanamente abonar los créditos total o parcialmente con lo que obtuviera de un resarcimiento hipotético de un juicio no iniciado, es decir, de un acuerdo todavía no reclamado con el Estado, por el supuesto desapoderamiento de la planta distribuidora de Monte Grande.

En 2009 iniciaron una demanda por resarcimiento y presentaron una acción de amparo por la nulidad de la rescisión, aunque nunca le pusieron monto al reclamo (evitando pagar la tasa de justicia del 3%), cosa que sí hicieron en julio de 2016, dos semanas después del acuerdo suscripto entre el representante del Ministerio de Comunicaciones y el Grupo Macri.

Estos planteos y acuerdos fueron reiterados en varias oportunidades por el Grupo en los años 2009 y 2010, sin que se llegara a un acuerdo con el Estado nacional ya que los números del Ministerio de Planificación, conforme a la tasación del Tribunal de Tasación de la Nación y de la Universidad de Buenos Aires, no coincidían con los valores que pretendía Correo Argentino SA en los acuerdos preventivos (en los que le prometía pagar a los otros acreedores con lo que obtuviera del Estado).



En 2010, la Justicia decretó la quiebra y ordenó que se abriera el proceso conocido cram down (sistema por el cual los principales acreedores se quedan con la administración de la compañía), lo que fue apelado por el Grupo Macri, consiguiendo que no se declarara la quiebra. Esta medida fue a su vez apelada por el Estado nacional y la Fiscalía y desde el año 2011 el expediente se encuentra en la Cámara de Apelaciones.

Desde entonces, se convocó a audiencias a efectos de llegar a un acuerdo, en las cuales los representantes del Estado nacional rechazaron la propuesta del Grupo Macri por resultar irrisoria y abusiva para los intereses del Estado, no sólo por la tasa de interés propuesta y la forma de pago, sino también por la liquidación que pretendían como indemnización por la rescisión del contrato.

En consecuencia, en aras de la transparencia, se impone una rápida calificación de la quiebra como fraudulenta por parte de la Justicia y la investigación del vaciamiento que llevó adelante en los años previos a 2003 el Grupo Macri.

De la misma manera sería bueno indagar por qué quienes adjudicaron la licitación lo hicieron sin las garantías necesarias, lo mismo que a quienes perjudicaron los intereses del Estado nacional presentándose negligentemente a una convocatoria que a todas luces se conducía a una situación espuria, como la que finalmente concretó en junio del año pasado el Gobierno de Macri con la empresa de su familia.

Pero la verdadera dilación en función del problema se plantea fundamentalmente en los últimos años en la falta de confirmación por parte de la Cámara Federal de la quiebra declarada por el juez de primera instancia y apelada por el Grupo Macri.

Por ello, sostenemos que este escándalo de quita seguirá abrumándonos en tanto la quiebra decretada en 2010 no sea concretada y debidamente calificada, como efectivamente fue, de conducta fraudulenta.

Toda esta situación confirma nuestra suposición de que este es un Gobierno de ricos para los ricos que sólo busca acumular y concentrar riquezas al amparo de ciertos sectores del poder mediático y judicial.