Debate clave sin final en la Corte sobre la vivienda

María Eugenia Vidal, ministra de Desarrollo Social y vicejefa de Gobierno porteño electa, defendió ante la Corte Suprema la posición de que el derecho a la vivienda es «progresivo» y no inmediato.

La ministra de Desarrollo Social porteño, María Eugenia Vidal, se quejó ayer de que desde 2005 el Gobierno nacional no le transfiere a la Ciudad los fondos correspondientes al convenio de viviendas vigente entre ambos Estados. Por su parte, la Defensoría General de la Ciudad aseguró que hay gran cantidad de personas en situación de calle en la Ciudad de Buenos Aires, y que la administración macrista «no ha desarrollado política en materia de vivienda».

Ambas posturas fueron expuestas ante los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que convocó a una audiencia pública a raíz del caso de una mujer que se encuentra en situación de calle y con un hijo discapacitado de seis años. Las posiciones del Gobierno de la Ciudad y de los reclamantes, que piden que el tribunal se expida en favor de la satisfacción inmediata del derecho a la vivienda, fueron expuestas ante el pleno de la Corte, que tuvo asistencia perfecta.

El fondo del debate es importante porque definirá a futuro las responsabilidades del Estado en materia de satisfacción del derecho de propiedad. Según la Constitución porteña, es obligación del Estado satisfacer progresivamente ese derecho con especial cuidado de los discapacitados y carenciados.

Según la demanda, se reclama la satisfacción de ese derecho a la vivienda, pero de manera inmediata, algo que el Gobierno porteño dice que es un imposible. Si la Justicia respaldase este extremo, no sólo el Gobierno de la Capital, sino el Estado nacional y las demás provincias deberían entregar de manera inmediata vivienda a quienes no la tienen.

El tribunal escuchó la posición y ahora deberá fallar si admite la demanda contra la decisión de los tribunales inferiores que rechazaron el reclamo. Esto es dudoso, porque la sentencia todavía no es firme y la Corte suele rechazar el tratamiento de decisiones que sean provisorias. Igual, se presume que por el fondo doctrinario que se discute, la Corte podría llamar a nuevas audiencias para escuchar las posiciones de juristas y otros especialistas en derechos humanos.

El caso surge por un reclamo de la ciudadana boliviana Sonia Yolanda Quisberth Castro, quien vive junto a su hijo. En la actualidad, ambos habitan transitoriamente en un cuarto de un hotel de Floresta y la mujer percibe unos 1.700 pesos por decisión judicial para afrontar la problemática del niño, y otros tres programas sociales de 800, 270 y 200 pesos.

En primer término, la defensora adjunta de la Ciudad, Graciela Christe, aseguró que la mujer «no está inscripta en ningún plan de viviendas».

Además, aseguró que por problemas habitacionales se tramitan en la Justicia más de 1.200 demandas.

«Los organismos de derechos humanos hablan de diez mil personas con problemática habitacional», dijo Christe, quien aclaró que los paradores nocturnos que ofrece la Ciudad «no pueden atender el desarrollo de una familia».

Para la defensora, la situación de Quisberth es de «pobreza crítica» y recalcó que «el Gobierno porteño debe aplicar políticas en su justa medida».

Luego fue el turno del defensor Julián Langevin, quien pidió una urgente solución, tras lo cual los jueces de la Corte escucharon al procurador general porteño, Ramiro Monner Sans, y a la ministra Vidal.

«El Gobierno se halla ante una demanda creciente y el presupuesto es inelástico», remató Monner Sans, para luego darle el paso a la ministra, quien expuso un mapeo de la situación al asegurar que si bien la población en la Ciudad creció sólo un 4%, en las villas y asentamientos en ese mismo plazo el incremento fue de un 50 por ciento.

Vidal aseguró que es más creciente la demanda social en la Capital Federal, detalló que en «las villas y asentamientos la población ha ido creciendo un 50% en los últimos diez años» y defendió la política del Gobierno porteño: «La Ciudad tiene la oferta social más amplia de la que existe en el resto del país».

Ante preguntas de los jueces, Vidal precisó que la Ciudad destina unos 800 millones de pesos para vivienda, por medio del Instituto Nacional de la Vivienda (IVC) y Corporación Sur, y otros 220 millones para afrontar la emergencia habitacional.

La ministra reconoció que hay unas 1.300 personas en situación de calle, según el censo realizado en noviembre del año pasado.

Además, explicó que la Ciudad tiene unos siete paradores propios y otros 15 por acuerdos con ONG, por lo que hay un total de 1.600 plazas, lo que llamó la sorpresa del juez Carlos Maqueda, quien señaló: «Entonces, si es así, no tendría que haber ni una sola persona en situación de calle».

Respecto de Quisberth, la ministra aseguró que se le ofreció un crédito de hasta 165 mil pesos, y que ella sólo debía presentar la vivienda que deseaba adquirir, lo que no hizo hasta el momento.

Tras ser consultada por los jueces, Vidal aseguró que la solución para Quisberth sería un crédito del IVC, y aprovechó para quejarse por la falta de coordinación con la Nación y otras provincias para paliar la crisis habitacional.