Debutó ayer el "veraz laboral"

 Un total de 165 empresas de todo el país quedó expuesto desde ayer en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (Repsal), un instrumento creado por el Ministerio de Trabajo para denunciar públicamente casos recurrentes de empleo no registrado, e incluso de trabajo infantil y trata de personas. El mecanismo, que funciona como un "veraz laboral" -aunque sus ideólogos rechazan el mote-, pone al descubierto a empleadores sancionados que no hubiesen regularizado su situación, o que en caso contrario se prevé dejarlos en el listado por un período.

Las sanciones expuestas en el Repsal son las aplicadas por el Ministerio de Trabajo, la AFIP, autoridades provinciales y porteñas, el registro de empleadores del agro (Renatea) y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Casi la mitad de las empresas "escrachadas" por su razón social son de los rubros de servicios sociales, de salud y comunitarios (24,2%) y de la construcción (24,2%). También hay incidencia en el segmento mercantil (20%) y en el agro (9,1%).

De acuerdo con la Ley 26.940, que creó el registro, los empleadores involucrados no podrán acceder a programas, acciones de fomento o subsidios del Estado. Tampoco, a líneas de crédito de bancos públicos. Mientras que los reincidentes en la misma falta serán excluidos del régimen del Monotributo o se les impedirá deducir del Impuesto a las Ganancias los gastos por personal.

Dos tercios de las empresas expuestas son medianas (63%, con 16 a 80 empleados), mientras que un 21% son compañías grandes (más de 81 asalariados) y el resto, un 15,8%, son pymes con quince o menos trabajadores.

La detección de empresas en infracción se concretó mediante operativos en todo el país. Del total de empleadores inspeccionados, 48 son de Buenos Aires; 28, de San Juan y otro tanto de Formosa; 10 de La Rioja; 8 de Capital Federal, Corrientes y Salta, y en el resto de las provincias fueron detectadas cinco o menos compañías con irregularidades en su plantilla de personal.

Desde hace cuatro años el empleo no registrado se mantiene en torno al 33% y en mayo el Gobierno impulsó la ley 26.940, que prevé acciones coordinadas para promover el blanqueo.