Deciden medidas sobre aportantes a campaña

Cristina de Kirchner

La pesquisa sobre el origen de los fondos de la campaña presidencial de Cristina de Kirchner y Julio Cobos recibió un nuevo impulso cuando la fiscalía a cargo de Luis Comparatore pidió una nueva serie de medidas. Entre ellas figura el requerimiento de un reporte a la Unidad de Información Financiera (UIF) sobre posibles operaciones realizadas por las empresas investigadas que se relacionen con instituciones oficiales, así como un informe de la AFIP sobre la situación fiscal de cada uno de estos establecimientos. El juez Ariel Lijo, a cargo de la causa, deberá definir si hacer lugar a las solicitudes del fiscal que indaga si hubo prebendas para empresas aportantes en la campaña de 2007, a través de contrataciones presuntamente irregulares por parte del Estado. La denuncia, presentada en agosto de 2008 por presunto cohecho y tráfico de influencias, se centra especialmente en los fondos aportados por droguerías, así como el doble rol de Héctor Capaccioli, como recaudador de la campaña y entonces titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, oficina destinada a controlar a los empresarios farmacéuticos y a distribuir los fondos a las obras sociales sindicales.

De acuerdo con lo señalado en la denuncia de la Coalición Cívica, este sector aportó $ 4.512.000 para la fórmula Cristina Kirchner-Julio Cobos. «Todas estas empresas de salud contratan habitualmente con el Estado nacional o dependen de regulaciones y autorizaciones oficiales para operar en el mercado. En especial, se destacan las prestadoras de servicios asistenciales reguladas por la Superintendencia de Servicios de Salud a cargo de Héctor Capaccioli -tesorero del Partido Justicialista distrito Ciudad Autónoma de Buenos Aires, integrante de la Alianza Frente para la Victoria-, y las empresas comercializadoras de precursores químicos», destaca el escrito.

Esta presentación fue ampliada hace tres semanas por los legisladores Fernando Sánchez y Elisa Carca ante el juzgado de Lijo, con los resultados de un informe de la ex ministra de Salud, Graciela Ocaña, en el que se destacaba un fuerte incremento de los fondos de la Administración de Programas Especiales (APE) a las obras sociales sindicales. En el caso de la obra social de los camioneros el monto habría ascendido de $ 1.700.000 a

$ 14.200.000 (el 696%), partidas que en la actualidad investiga además el juez Claudio Bonadío. Además de aportar estos datos, la CC solicitó al juez que pidiera las grabaciones telefónicas supuestamente comprometedoras entre el dueño de la droguería San Javier, Néstor Lorenzo, y Capaccioli, que forman parte de la pesquisa sobre la mafia de los medicamentos a cargo de Norberto Oyarbide, así como solicitó que se citara a declaración indagatoria al ex titular de la SSS, que todavía no fueron definidas por el magistrado.

Por su parte, la fiscalía pidió la causa hace dos semanas, y luego de estudiarla propuso una serie pedidos. La medidas solicitadas por el fiscal fueron: un informe de la AFIP sobre «la situación fiscal de cada uno de los establecimientos aquí investigados», un estudio de la Inspección General de Justicia «capaz de establecer si existen vínculos entre las diferentes empresas ya sea a través de relaciones de control, similitud accionaria o 'interlocking directorates'», que el Registro de Juicios Universales comunique «si existen procesos de falencia seguidos a los establecimientos referidos», y un relevamiento de la UIF sobre si existe algún reporte de operaciones realizadas por los establecimientos investigados «que se relacionen con instituciones oficiales o vinculadas». En este punto, Comparatore recuerda que algunas de estas empresas están sospechadas en otra causa (que también tramita a su cargo): la mafia de los medicamentos.

En este sentido, desde la fiscalía indicaron que las posibles relaciones entre ambos casos no implican necesariamente que estén conectadas entre sí, ni que vayan a unirse. Mientras Oyarbide investiga la presunta adulteración y venta ilegal de medicamentos de la droguería San Javier (que estaría vinculada con aportantes de campaña como Carlos Torres), la pesquisa de Lijo se basa en determinar si se habría beneficiado de manera irregular a estos aportantes con contratos del Estado.