Defendió Macri ley porteña del cable

El proyecto de ley del macrismo para dominar la actividad de la TV por cable dentro de la Capital Federal provocó ayer los primeros cruces con la ley nacional de medios. La iniciativa, que anticipó este diario, busca que la Ciudad ejerza el control y la regulación del servicios sobre el cual PRO insiste con que «avanzó la ley de medios K».

Como sea, Mauricio Macri logró abrir el debate sobre su propia ley de medios, de manera de no dar por terminada la discusión sobre el tema, a pesar de estar ya sancionada la norma del Gobierno.

El proyecto, que presentó el legislador porteño Oscar Moscariello, abunda en que la Ciudad haga valer su autonomía y propone una serie de cuestiones por regular sobre la televisión paga, así como la creación de una agencia de libertad de prensa y un COMFER local que controle los medios de difusión por cable que se comercialicen en su geografía.

El jefe de Gabinete PRO, Horacio Rodríguez Larreta, fue el vocero, ayer, de la iniciativa que se comentó en la reunión de ministros encabezada por Macri en el Museo Quinquela Martín, del barrio porteño de La Boca (tras su ausencia por una gira en Estados Unidos).

En principio, se estudia si el proyecto tropieza con la Constitución Nacional y si -de aprobarse- entraría en conflicto con la ley de medios federal.

Larreta explicó que «la Constitución habla respecto de que las provincias, en este caso, la Capital Federal, tienen autonomía y autoridad como para controlar los medios de comunicación. Acá estamos hablando especialmente del tema del cable. Porque la televisión y la radio van por el aire y el control del espacio aéreo, en sí, lo controla el Gobierno nacional».

El funcionario aseguró también, ante los movileros, que «el Gobierno nacional está avanzando sobre una responsabilidad que debería ser de las provincias».

Dijo además que «el cable no es el éter, y en la Ciudad de Buenos Aires es importantísimo el servicio por la penetración que tiene, y no hay duda, leyendo la Constitución, de que las provincias y la Capital tienen jurisdicción, tienen autoridad».

Moscariello, por su parte, admitió que la ley «choca» con la aprobada por el Congreso de la Nación. Desde allí, el kirchnerista Guillermo Jenefes -presidente de la Comisión de Comunicación- consideró que el proyecto porteño del macrismo es «inconstitucional», porque «es materia federal legislar sobre los medios».

«No buscamos competir», aseguró Rodríguez Larreta, y en esa sintonía, el diputado nacional Federico Pinedo -titular del bloque PRO- le replicó al jujeño. «Jenefes parece no haber leído el proyecto de medios de la Ciudad, ya que, al contrario de lo manifestado por el senador, la iniciativa no busca legislar sobre el espectro radioeléctrico, sino que regula la actividad de los cables instalados en el territorio de la Ciudad de Buenos Aires», aclaró el diputado macrista.

Si bien el proyecto de ley ya fue presentado en la Legislatura, aún no está en el temario de las comisiones, porque son muchos los diputados que deben asesorarse en la materia para estudiar la probabilidad de su sanción y cumplimiento en caso de que la norma llegara al recinto. Pero el debate ya comenzó informalmente entre las bancas, y algunos bloques de la oposición están considerando estudiar la propuesta. Incluso la bancada de Aníbal Ibarra promete discutirla «si no se contrapone con la ley federal de medios». En el mismo sentido lo haría el bloque de ex kirchneristas que conduce Diego Kravetz, entre otros grupos de legisladores. En cambio, el bloque peronista consideró «poco seria» la iniciativa.

La ley que impulsa el jefe de Gobierno, entre otros puntos, propone que la agencia de libertad de prensa pueda «elaborar las normas de bases y condiciones para la adjudicación de servicios de difusión, sustanciar los procedimientos para la adjudicación o autorización de la explotación» de los servicios de TV dentro de su territorio y hasta prevé «recibir denuncias sobre asignaciones discriminatorias de la Pauta Oficial de Publicidad».

A la vez, crearía un consejo directivo que se conforme a partir de un concurso público de antecedentes y oposición entre los postulantes a integrarlo. Por otra parte, contempla un impuesto por el permiso de explotación que sería del 4% del bruto de lo facturado y obligaría a las empresas a contar con un cupo de tarifas sociales.