Delega Cristina ascensos de militares

Cristina de Kirchner cedió la totalidad del poder de selección de uniformados para ascenso a los grados de generales y equivalentes a la ministra de Defensa, Nilda Garré. Ayer se conoció la medida a través del Decreto Nº 1.736/09 publicado en el Boletín Oficial, que delega en una autoridad administrativa del Poder Ejecutivo -la ministra de Defensa (sic.)- la facultad de: «Establecer el procedimiento de selección y clasificación que regirá para las Fuerzas Armadas en lo relativo a las propuestas de ascenso a la categoría de oficial superior o dentro de ella y en las de permanencia en el grado o retiro de dicho personal del cuadro permanente de las Fuerzas Armadas». Antes de la entrada en vigencia de la nueva norma la evaluación y selección de los oficiales para los grados superiores, generales, brigadieres y almirantes (también coroneles, capitanes de navío y comodoros), correspondía a una Junta de Calificación de las respectivas fuerzas y el posterior aval de cada uno de los jefes militares. El veredicto final corre por cuenta de la Comisión de Acuerdos del Senado, en igual tratamiento que los embajadores y otras autoridades de la administración pública. Si alguno de los calificados consideraba que fue mal evaluado, el procedimiento de reclamo era contra la figura jurídica del jefe de Estado Mayor.

La nueva disposición de la presidencia reorienta las posibles controversias hacia otro actor: la propia ministra de Defensa. En principio, lo que parece un aumento de poder para Garré no es más que un boomerang que puede jugarle en contra, pues desde ayer los uniformados descontentos -ya hay varios anotados- porque quedaron en el camino y no fueron considerados para el grado superior entablarán el reclamo judicial con nombre y apellido del responsable: Nilda Garré. La presidencia llegó a esta decisión luego de estudiar una serie de casos que ocurrieron en 2008: más de un centenar de militares recurrieron a la Justicia argumentando que fueron discriminados por sus apellidos y que se rechazó sin un argumento formal su promoción al grado inmediato superior. En aquella lista segregada antes de llegar a la Comisión de Acuerdos del Senado, no había ninguno con causas pendientes en la Justicia ni sospechado de haber participado en la lucha contra el terrorismo, inclusive la edad los apartaba sin dudas de aquel momento trágico. Pero había un factor común en todos ellos que determinó la bolilla negra de Ileana Arduino, coordinadora de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa: padres o parientes militares que prestaron servicio en cuarteles sindicados por la Justicia como parte del esquema militar que combatió la guerrilla setentista. Una historia que parece revivir la de aquel país de Europa cuyo líder ensombreció a la humanidad con la persecución de raza, religión y apellidos en la década del cuarenta.

Placa

Entre los que batallan en la Justicia están: el teniente coronel Luis Dalla Fontana, hijo del coronel José Esteban Dalla Fontana, asesinado por los guerrilleros en marzo de 1976; el nombre de su padre figura en la placa «in memoriam» de homenaje a los muertos por la subversión que el Ejército colocó en las columnas del hall del edificio Libertador.

Y también en el sitio oficial de la fuerza, que recuerda «a los caídos en las luchas internas de las décadas del 70 y 80. Su memoria permite valorar las irreparables pérdidas sufridas durante esos años de enfrentamientos fratricidas».

También el teniente coronel Justo Daniel Rojas Alcorta. Su padre, Justo Jacobo Rojas Alcorta, se desempeñó en el Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 6 de Mercedes y estaría mencionado en uno de los casos de la megacausa «Primer Cuerpo» que instruyó el juez federal Daniel Rafecas. Del hijo del extinto jefe del Estado Mayor Conjunto, teniente general Mario Cándido Díaz, ¿qué habría en su dossier para terminar con la carrera de su hijo, el teniente coronel Mario Alejandro Díaz? Quizá que su padre fue comandante del Regimiento de Infantería Mecanizada Nº 3, aunque nunca fue imputado de delito alguno.

La Marina también registra casos irresueltos con expedientes en la Justicia, los capitanes de fragata Eduardo Pizzagalli, abanderado en la Escuela Naval, primero de promoción, distinguido con comisiones al exterior (Alemania y Estados Unidos), quedó fuera porque su padre ex marino fue funcionario bonaerense en 1976; James Whamond tampoco fue considerado por su parentesco (sobrino) con un integrante de la ESMA, el fallecido Francis Whamond; Jorge Sciurano también fue excluido debido a que su padre, capitán de navío retirado, fue ministro de Gobierno en Santa Fe, y Juan Lucena tiene a su padre, general retirado, detenido con prisión preventiva en Campo de Mayo, imputado por haber sido el jefe del Regimiento Nº 17 de Infantería en Catamarca cuando se produjo un caso de desaparición.