Denuncia penal contra la operadora del Sarmiento

Víctimas de la tragedia ferroviara de Castelar en la que murieron tres personas y hubo más de 300 heridos presentaron una denuncia penal contra las empresas privadas a cargo del tren Sarmiento y exigieron una declaración indagatoria de Aldo Benito Roggio y Gabriel Romero, titulares de la concesionaria que opera el servicio.

El pedido lo hizo un grupo de más de 40 víctimas por medio del abogado Gregorio Dalbón, quien pidió además que se les imponga a los titulares de los grupos económicos que conforman UGOFE (Unión de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia) la prohibición de salida del país.

En el escrito presentado ante el juez federal de Morón Jorge Rodríguez, la querella recordó que esos empresarios "tienen a su cargo la explotación de la línea férrea donde tuvo lugar el luctuoso hecho investigado, resultan ser penalmente responsables de su comisión en atención a que el mismo pudo haberse derivado de una injustificable falla del sistema de frenos de la formación embistiente".

El accidente del jueves pasado tuvo lugar entre las estaciones Morón y Castelar cuando una formación embistió a otra por detrás que estaba frenada sobre la vía. Dalbón pidió ser tenido como parte querellante, lo que le permitiría impulsar la investigación y sugerir medidas de prueba, y en ese sentido pidió al juez que allane las oficinas de UGOFE para recabar "toda la documentación relativa a los controles efectuados sobre el sistema de frenos, los legajos correspondientes a los conductores, las revisiones técnicas de dichas formaciones, así como cualquier otro dato de interés para la dilucidación de la causa".

El abogado sugirió como medida de prueba que el juez cite a declarar como testigos a Ricardo Jaime, exsecretario de Transporte; a Alejandro Ramos, responsable del área del Ministerio de Transporte de la Nación; y a Marcos Antonio Córdoba, el chofer que protagonizó la tragedia ferroviaria de Once.

También pidió que se realice una pericia contable sobre UGOFE, y "sobre las cuentas corrientes, cajas de ahorro, fideicomisos dentro y fuera del país cuya titularidad sea atribuible a Gabriel Romero, Aldo Benito Roggio y a la totalidad de las sociedades vinculadas con los mismos". El letrado también reclamó que se prohíba al Estado "revelar secretos" de la investigación.