Denunció ahora gobierno a TGN en la Justicia

Rodolfo Canicoba Corral

El Enargas, ente regulador del gas, informó que ayer presentó una denuncia contra Transportadora de Gas del Norte (TGN) ante la Justicia en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires, debido a «graves irregularidades» en los libros de actas de la sociedad, detectadas por el interventor Roberto Pons.
La transportadora de gas fue intervenida por el Enargas el lunes 29 de diciembre, luego de que anunciara la imposibilidad de pagar obligaciones por 22,5 millones de dólares que vencían el último día de 2008. El Gobierno justificó la intervención, que se extenderá por un plazo de 120 días, indicando que la suspensión de pagos puede comprometer la prestación del servicio público.
En el comunicado emitido ayer, el ente regulador afirmó que «las irregularidades en los libros de actas de la sociedad podrían constituir ilícitos de acción pública». También indicó que la situación fue detectada por Pons «al día siguiente de asumir sus funciones».
La denuncia del Enargas recayó en el Juzgado Federal N° 6 en lo Criminal y Correccional a cargo del juez Rodolfo Canicoba Corral, con intervención de la Fiscalía Federal N° 2, cuyo titular es Carlos Alberto Rigolo.
Por su parte, la compañía de gas dijo, a través de un comunicado de prensa, que «todos sus libros sociales son llevados en forma legal» y desmintió categóricamente «cualquier tipo de irregularidad que supuestamente afectaría a los mismos».
Según la agencia oficial Télam, otro escrito del organismo regulador informó que «de las primeras 48 horas de tareas preliminares de auditoría llevadas adelante por la intervención dispuesta por el Enargas en TGN habrían surgido serias irregularidades vinculadas con la declaración de cesación de pagos que argumenta la empresa».
Actas
En primer lugar se habría establecido que «no existe constancia de una decisión societaria válida y comprobable que declare y acredite que TGN se encuentra nuevamente en estado de cesación de pagos». También se determinó que «el interventor cerró el 29 de diciembre la última foja útil del libro de actas del directorio, no obrando decisión alguna del directorio declarando la cesación de
pagos».
Además, según el Enargas, se detectó que «sorpresivamente el apoderado de la empresa, abogado Marcelo Brichetto, incorporó con posterioridad a dicho cierre un escrito en formato de acta con fecha predatada y con su sola firma con un texto similar al que remitió a la Bolsa de Comercio declarando el default, que también fue suscripto sólo por él».
Asimismo, el ente aseguró que «en el balance del 30 de setiembre no existe informe del auditor externo sobre la situación financiera que indique la posibilidad inminente de una cesación de pago de las Obligaciones Negociables».
Finalmente, el escrito del organismo consignó que «del balance de saldo obtenido al 29 de diciembre de 2008 surge la existencia de fondos genuinos para hacer frente a los pagos que TGN informó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que no iba a can-
celar».
En su momento, la transportadora de gas justificó el default indicando que quería preservar la prestación del servicio, y atribuyó las dificultades financieras al congelamiento de las tarifas y a la reducción de las exportaciones de gas a los países limítrofes.
Juicios
A su vez, el mantenimiento de las tarifas en los niveles de 1999 es explicado en fuentes oficiales por la existencia de juicios contra el Estado nacional en sede internacional. En uno de los litigios, existe además una sentencia favorable a CMS de EE.UU. por 135 millones de dólares, que fue ratificada por el CIADI, tribunal arbitral del Banco Mundial, luego de un pedido de nulidad por parte del Gobierno na-
cional.
TGN está controlada por una sociedad en la que participan Techint, la francesa Total, Petronas de Malasia y Compañía General de Combustibles. Por fuera de ese grupo de control, el 23% de las acciones está en poder de Blue Ridge Investments del Bank of America, que compró a CMS la participación y el derecho a cobrar la indemnización fijada por el CIADI, en julio de 2008.
En principio, TGN habría dejado de ser atractiva para los accionistas porque no da ganancias, aunque arrastra un pasivo ya reestructurado en 2006 por 345 millones de dólares más la indemnización del CIADI. Pero a la vez, por negativa de CMS, a mediados de 2008 se frustró el ingreso de la estatal ENARSA en la transportadora.
La denuncia judicial contra TGN es la segunda contra una privatizada que realiza el Gobierno en el término de un mes. A principios de diciembre, el ENRE, ente regulador de electricidad, denunció a la distribuidora Edelap por maniobras fraudulentas por 12,4 millones de pesos, hecho que, según el Gobierno, le restó recursos para mejorar la calidad del servicio.