Denunció el Gobierno a cinco petroleras por sobreprecios

Los ministros Juan Pablo Schiavi, Julio De Vido y Hernán Lorenzino acompañaron a Amado Boudou en la conferencia de prensa en la que hubo denuncias contra empresas petroleras.

La Secretaría de Transporte presentó una denuncia contra las petroleras que producen combustibles en el país, debido a un presunto abuso de posición dominante en el mercado, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). De acuerdo con la información oficial, la decisión se tomó tras denuncias de cámaras empresarias del transporte de pasajeros y de cargas según las cuales el precio del gasoil a granel es más alto que el de las estaciones de servicio. Así fue anunciado ayer en una conferencia de prensa que encabezó Amado Boudou, a cargo de la presidencia de la Nación, con el ministro Julio De Vido y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.

La denuncia ante la CNDC, que depende del Ministerio de Economía y dentro de éste de la Secretaría de Comercio Interior de Guillermo Moreno, involucra a YPF, Shell, Esso, Petrobras y Oil. Pero De Vido dijo que de las 5 compañías, «hay 2 que son más importantes por el volumen de combustible que aportan, es el caso de Repsol a través de su empresa YPF y de Shell». Según los datos oficiales, la primera vende el 65% del gasoil a granel y Shell, el 20%. Las otras 3 empresas entrarían dentro de la presunción de cartelización.

El tema parece relacionado con el proyecto del Gobierno de eliminar el subsidio al transporte de pasajeros y subvencionar solamente a los viajeros que acrediten ingresos insuficientes para pagar el boleto pleno. Esto surge porque De Vido afirmó que se formará «una mesa de trabajo inmediatamente, entre el Ministerio de Economía y Planificación, que va a liderar Schiavi». Según el titular de Planificación, «queremos ponernos más allá de la investigación de la CNDC, a trabajar de inmediato para resolver este problema, lo anterior será parte de la investigación, pero necesitamos resolverlo rápidamente».

Desde 2010, el subsidio al gasoil lo perciben las empresas transportistas, mientras que desde 2002, cuando se implementó el sistema, las petroleras eran compensadas mediante reintegro de retenciones a la exportación. El litro de gasoil subsidiado cuesta alrededor de $ 1 mientras el precio al público supera $ 4,50. El transportista compra a la petrolera y luego eleva el monto a subsidiar a las dependencias oficiales. Por eso también el Gobierno levantó ayer sospechas, a través de las declaraciones de Schiavi, de que se podría estar desviando dinero del Estado al aplicarse precios más altos al gasoil mayorista, pero si hubiera elementos de esa maniobra, la denuncia debió hacerse en la Justicia y no en la CNDC.

Más bien, la impresión es que, bajo la presión de la investigación, el Gobierno pretende sentarse a negociar con las petroleras un precio más bajo del gasoil para el transporte. Eso explicaría que De Vido se refirió a Repsol como una empresa de la que se espera «una rápida respuesta», y volvió a denostar al titular de Shell, Juan José Aranguren. Dijo que «en el caso de Shell apelamos fundamentalmente a las autoridades regionales de Sudamérica o América y las globales porque su presidente ha sido un sistemático opositor» al Gobierno.

YPF no realizó comentarios luego de la conferencia de prensa. Shell, por su parte, indicó que el precio a granel fue inferior en un 0,9% al del surtidor en octubre, superior en noviembre y diciembre en un 1,5% y un 1,9% respectivamente, y nuevamente inferior en un 0,8% en el corriente mes.

Según el Gobierno, la diferencia entre el precio mayorista y el de surtidor alcanza en algunos casos al 30%, y las ganancias obtenidas por las petroleras por esa causa «podrían llegar a un monto de $ 3.500 millones anuales». De Vido sostuvo que «no es lo mismo comprar 1 kilo de harina que 100, y siempre la lógica de la transacción indica que cuando uno compra al por mayor, el precio debería ser igual o menor».

Aun cuando el ministro dijo que por el momento se consideraba «una distorsión en el mercado», también destacó que el Estado «no está dispuesto a tolerar que se manipulen en modo alguno los precios de venta de productos en general y menos aún de productos e insumos necesarios para prestar un servicio público fuertemente subsidiado».

Por su parte, Schiavi indicó que aunque se trata de contrataciones entre privados, el Estado interviene, «por la afectación del servicio público de todo el país y a la competitividad de la economía, porque las compañías de carga transportan prácticamente el 94% de la producción nacional que fluye a través del sistema de camiones que tiene la Argentina».