Desagio de leyes: regirán sólo 1.500

El ministro Julio Alak, el juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti, Cristina de Kirchner, Aníbal Fernández y Carlos Zannini ayer en el acto de presentación del proyecto de ley para eliminar del digesto jurídico las leyes que ya no sirven.

El Gobierno anunció ayer el envío al Congreso de un proyecto de ley para crear el primer Digesto Jurídico Argentino, que tiene como objetivo depurar y ordenar la legislación vigente a nivel nacional. Cristina de Kirchner presentó junto al ministro Julio Alak la iniciativa que tiene el fin de simplificar el universo legislativo y facilitar el conocimiento de la población sobre su derecho. La mandataria encabezó la presentación en un acto en la Casa Rosada, acompañada además por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, y la vice del máximo tribunal, Elena Highton de Nolasco. De las 32.207 leyes dictadas desde 1853, el Digesto Jurídico Argentino propuesto deja en pie un total de 3.143 normativas, menos del 10 por ciento de las existentes en la actualidad, de las cuales algunas ya habían perdido vigencia.

«De esa cantidad de leyes sólo han quedado en pie menos del 10 por ciento. Una de esas normas ordenaba los fusilamientos de junio de 1956 y, otra, penaba a los funcionarios que azotaban ciudadanos», afirmó la Presidente, que calificó esos decretos y leyes como «perlitas que hemos encontrado».

Este proyecto tiene el carácter de una política de Estado que ha atravesado varios gobiernos. La iniciativa partió de la administración de Carlos Menem, quien le encargó el trabajo a su exministro José Roberto Dromi. En ese tiempo de sancionó la ley que ordenaba la tarea, que lleva el número 24.967 promulgada en junio de 1998 y promovida por el exsenador Eduardo Menem.

A partir de 1999 se confeccionó el Manual de Técnica Legislativa, bajo la supervisión del jurista italiano Antonio Martino, que sirvió a su vez para la tarea de carga del corpus normativo de más de 26 mil leyes. Para esto se hizo una licitación de la que participaron la Facultad de Derecho de UBA y un grupo de publicaciones jurídicas. Por la Universidad, condujo la labor el exdecano Atilio Alterini. La tarea de carga de las publicaciones sufrió un atraso porque se subcontrató con una empresa coreana que demoró la entrega de los datos.

En esa labor se descubrieron bloopers como que hubo dos leyes Nº 1, o que hubo otra que llevaba un número «y medio». El trabajo no abarca a las leyes secretas y le propone al Congreso la derogación de 8 mil leyes caducas, otras 16 mil de objeto cumplido, con lo cual quedan unas 3.100 vigentes, que los legisladores deberán decidir si deben ser reenumeradas. De esas leyes la mitad son convenios internacionales, por lo cual las realmente operativas pueden llegar a las 1.500. Un gran aporte a la simplificación de quienes estudian, aplican, interpretan y sufren las leyes.