• GENDARMERÍA EXPULSÓ A SUPUESTA COMUNIDAD ORIGINARIA ASENTADA EN EL LAGO MASCARDI Grupos no reconocidos buscan a diario tierras de alto valor turístico y petrolero.
Operativo. A cargo de fuerzas federales por tratarse de Parque Nacional.
La ocupación y posterior desalojo (consumado ayer por Gendarmería) de una supuesta comunidad mapuche que había conformado el Lof Lafken Winkul Mapu en la zona del lago Mascardi en Bariloche, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi,dejó al descubierto un problema complejo para las provincias patagónicas. Lo que ocurrió en Río Negro va a contramano de cualquier lógica con la que se miran los hechos desde cientos de kilómetros de distancia: allí, todos quieren ser mapuches.
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Mientras sigue demorado por el Gobierno nacional el relevamiento catastral para reconocer a indígenas que mantienen ocupación ancestral de la tierra, en la Patagonia se suceden conflictos por comunidades que luchan por ser reconocidas como tales. Pero en paralelo aparecen otros grupos que sin reconocimiento oficial se instalan en terrenos sobre los que luego piden la propiedad. Esto sin considerar otro factor que sigue dando dolores de cabeza, aunque por otras razones, como el grupo RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), que busca crear un estado flotante entre Argentina y Chile.
Eso argumentan desde el Gobierno de Alberto Weretilneck, que a las pretensiones del RAM suma a diario cruces de menor calibre. El grupo desalojado ayer (intervinieron fuerzas federales por tratarse de un Parque Nacional) había ocupado un hotel abandonado en la orilla de la Ruta 40, en una de las zonas más turísticas de Bariloche. Y fue la propia comunidad mapuche "oficial" de Villa Mascardi -la que sí está reconocida- la que vetó a sus nuevos vecinos. Tampoco, dicen, se puede establecer una relación entre los desalojados y el RAM, como circuló.
"Así como en Neuquén todos los días aparecen nuevas comunidades que se instalan en Vaca Muerta, acá buscan zonas de alto valor turístico", explicó un funcionario a este medio. El conflicto de Vaca Muerta sigue sin resolución y grupos no reconocidos suelen frenar operaciones petroleras. Desde las compañías, aseguran que negocian cifras millonarias para perforar pozos o para realizar tareas de remediación. Los gobiernos provinciales se ven atados, muchas veces, por los costos políticos de una intervención y porque los reclamos se mezclan entre lícitos e ilícitos.
Pese a otro lugar común del análisis criollo, el mito de que la disputa mapuche es contra megalatifundistas como Luciano Benetton en general resulta falso. Así, se suman litigios entre comunidades y familias que viven en campos pequeños desde hace más cien años. Un ejemplo se dio hace un mes en la rionegrina Chipauquil.
En un paraje de aspecto bucólico, un poblador rural de apellido Bruce se despertó un día con una familia mapuche dentro de su propiedad. Ésta reclamaba que allí habían vivido sus ancestros y, por lo tanto, les pertenecían las tierras. El conflicto se alargó y ante las dificultades de la provincia para intervenir, el hombre tomó una medida drástica. Como era el único campo que podía proveer agua a la escuela cercana, decidió cortarle los suministros. El Gobierno provincial fue por el camino formal y para cortar la dependencia perforó un pozo en el colegio para que tuvieran agua directamente, sin pasar por el campo de Bruce. Al otro día, el agua apareció envenenada.
Ante la visibilidad del hecho, se analizaron los documentos y se llegó a una conclusión: la familia mapuche le había errado por 70 km a la morada real de sus ancestros. Donde ellos se instalaron apenas era el lugar donde un bisabuelo se había establecido de forma provisoria para ir a ese mismo colegio.
Como parche a la demora del relevamiento, el Gobierno promulgó ayer la ley que prorrogó hasta el 23 de noviembre de 2021 la emergencia territorial indígena.
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