Descarta el Gobierno un bonus para los estatales

• ACEPTARÁ LA GESTIÓN DE ADICIONALES EN EMPRESAS, PERO NO REABRIR PARITARIAS

Carlos Tomada y Hugo Moyano

El Gobierno rechazó otorgar un bonus salarial de fin de año en la administración pública nacional. De ese modo intentará evitar al máximo un efecto contagio en el sector privado, en donde los gremios en su mayoría ya hicieron pública su intención de reclamar un pago adicional como compensación por la pérdida de poder adquisitivo derivada de la inflación y la persistencia del Impuesto a las Ganancias en los segmentos más altos de la pirámide de ingresos.

Si bien los funcionarios no impedirán la gestión de los sindicatos por la obtención de ese tipo de plus en las empresas, bloquearán cualquier negociación que pudiera interpretarse como una reapertura de las paritarias. Así lo hicieron saber en el Ministerio de Trabajo, donde minimizaron la pertinencia del reclamo por el plus salarial por entender que la inflación todavía no licuó los salarios pautados este año en paritarias.

La cartera laboral fijó así la posición que sostendrá hasta fin de año, en línea con lo que esbozaron hasta ahora funcionarios como el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y el secretario de Comercio, Augusto Costa, que desmintieron una pérdida de poder adquisitivo en los sectores formales que hiciera necesaria la negociación de bonus.

La negativa a otorgar un adicional para los empleados estatales irá acompañada del rechazo a cualquier discusión que pudiese ser asimilada a una reapertura de paritarias. Se trata del escenario más temido por el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que ya le había transmitido a Cristina de Kirchner la tranquilidad del cierre de todas las negociaciones salariales hasta 2015. La eventual reapertura había sido deslizada por gremios opositores alineados con Hugo Moyano y con Luis Barrionuevo.

La conflictividad por el plus salarial es incipiente, pero amaga con crecer en los próximos días. La semana pasada la Asociación Bancaria (un gremio no alineado en la actualidad en ninguna de las versiones de la CGT) concretó su cuarto paro nacional del año en demanda de una compensación por el efecto de Ganancias en la mayor parte de los salarios de los empleados de las entidades financieras. Y ayer, los gremios petroleros de la Patagonia anunciaron un paro total de actividades para el 6 de noviembre en caso de no producirse antes una modificación en el peso del gravamen sobre los sueldos del sector.

Hasta gremios cercanos al Ejecutivo, como la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y la Federación de Luz y Fuerza (Fatlyf) avisaron que irán por un adicional de entre 3.000 y 5.000 pesos previo a fin de año.

De todos los escenarios de conflictividad, sin embargo, el que más preocupa al Gobierno es el de los petroleros. La medida de fuerza fue anunciada por Guillermo Pereyra, líder de las filiales de Neuquén, Río Negro y La Pampa del gremio, durante un plenario en el que también anotaron la presencia de dirigentes de las seccionales Chubut y Santa Cruz del sindicato. Aunque falta más de una semana para la fecha del paro -una ventana de tiempo que por lo general disponen los gremialistas para facilitar las negociaciones-, en el Ejecutivo dijeron no tener resuelto todavía el mecanismo de salida.

Capitanich dijo ayer por la mañana que habrá negociaciones para evitar el paro petrolero, pero en Trabajo admitieron que no hay todavía resolución sobre una eventual conciliación obligatoria u otro mecanismo de tregua. Ayer en la cartera laboral recordaban que un conflicto petrolero en 2006 en Las Heras, Santa Cruz, había terminado con el asesinato de un policía, Jorge Sayago, durante una protesta gremial, y la sanción de una ley especial en el Congreso que eximía a los trabajadores de la zona del pago de Ganancias.