15 de octubre 2010 - 00:00

“Desfinanciación”: el fantasma para explicar decisión

Marina Dal Poggetto
Marina Dal Poggetto
La decisión de vetar la ley que elevaba la jubilación mínima al 82% móvil se basó en la justificación de que con esa medida se iba a «desfinanciar el Estado», según declaró ayer Cristina de Kirchner cuando anunció que no iba a dejar vigente la norma aprobada el miércoles por la noche en el Senado. De hecho, los economistas consultados por este diario señalaron que si se elevaba el haber mínimo de los $ 1.046 actuales a $ 1.508,80, tal como se hubiese puesto en práctica desde enero, hubiera conllevado un impacto fiscal de alrededor de $ 25.000 millones por año.

Si bien los analistas reconocieron que los jubilados reciben haberes que no logran siquiera cubrir la canasta básica total medida por el INDEC (que es de $ 1.186 para una familia tipo), razón que justifica un incremento, admitieron también que hoy no existen los recursos para afrontar ese compromiso. En ese sentido, señalaron como obstáculos la insuficiencia de los fondos de la ANSES, el elevado gasto público actual y el impacto que provocaría en la inflación.

Al respecto, Marina Dal Poggetto, economista del Estudio Bein, estimó que un 75% del total de jubilados argentinos (que serían 5,8 millones) cobran el haber mínimo. «Si se pasa de los $ 1.046 actuales a $ 1.508,80 significará un impacto de $ 26.000 millones por año», razonó. Además añadió otros $ 14.000 millones que surgirían de actualizar los haberes que no se modificaron entre 2002 y 2006, que caen bajo el caso Badaro. Así, el total sería de alrededor de $ 41.000 millones.

Cálculo similar hizo el director de la ANSES, Diego Bossio. A través de la red social Twitter, sostuvo que si se aplicaba el 82% móvil iba a generar un gasto adicional de por lo menos $ 40.088 millones sólo para 2011. Además agregó: «Si pagáramos el 82% móvil generaríamos inflación, devaluación, aumento de la tasa de interés y déficit fiscal».

Antes de que Cristina de Kirchner anunciara su decisión, Amado Boudou había advertido que la oposición pretende un «Estado deficitario». Alertó también sobre la posibilidad de elevar la edad jubilatoria para financiar el incremento, tal como en Francia lo impulsa el Gobierno y que generó manifestaciones y protestas en todo el país.

Desde la consultora ACM también estimaron que el impacto fiscal hubiese sido de $ 25.000 millones anuales, y otros $ 10.000 millones sólo en 2011, que se hubiesen generado por los jubilados que no recibieron incrementos entre 2002 y 2006. Fausto Spotorno, de la consultora Orlando J. Ferreres y Asociados, estimó una suba de $ 20.000 millones adicionales en el presupuesto previsional. Las jubilaciones representan alrededor de un 38% del gasto público.

«El aumento del 82% móvil se hubiese montado sobre una trayectoria de gasto público alto. Si se quiere llevarlo a cabo, hay que redefinir hacia dónde se orientan las erogaciones»,
señaló Dal Poggetto. En ese sentido, advirtió que si se quisieran utilizar los recursos que hoy se destinan para subsidiar el consumo de energía, por ejemplo, habría que desandar el camino de manera gradual. «Eliminarlos mediante un ajuste de una sola vez implicaría 16 puntos de inflación», agregó.

Dejá tu comentario