Despertó el Congreso y todos se cruzaron fiero

Cierto mareo político, un importante grado de imprecisión legal y algún pedido de juicio político definieron ayer las reacciones de oficialismo y oposición a las movidas judiciales sobre la ley de medios.

El continuo stand up kirchnerista sobre el tema ayer tuvo momentos notables. Pareció, en algún momento, que el oficialismo estuviera convencido de que el control de constitucionalidad de las leyes lo realiza un tribunal especial inapelable, como en algunas democracias europeas y no cada juez frente a un caso particular.

Carlos Kunkel dictó cátedra sobre ese punto: «La corporación judicial avanza sobre cuestiones que son privativas de los otros poderes del Estado, es parte de un intento de golpe institucional». Claro enemigo de las cautelares, Kunkel derrapó cuando ubicó a Ricardo Lorenzetti de viaje fuera del país: «¿Por qué en una situación como ésta el presidente se da el lujo de viajar a Estados Unidos?», dijo. No reparó en que en ese momento que Lorenzetti estaba en su despacho de la Corte Suprema reunido con el gobernador de La Rioja, Luis Beder Herrera; el puntano Claudio Poggi; y el diputado Jorge Yoma, escuchando del trío los cuestionamientos a la crisis por la liquidación de la promoción industrial. Está claro que, además, el diputado se encargó por su cuenta de definir la gravedad institucional de la cuestión, como para que fuera justificativo de la supuesta necesidad de mantener al presidente de la Corte en la Capital Federal.

Siempre en el mismo tono, Julián Domínguez también hizo kirchnerismo puro: «Una medida cautelar no puede alterar la voluntad soberana del pueblo». La Constitución no lo ve así.

La oposición, de todas formas, no reaccionó ante esas interpretaciones, sino a una sentencia del ministro de Justicia, Julio Alak. El PRO, los demócratas mendocinos, el FAP y el MIJD presentaron una ampliación de pedido de juicio político contra Alak (es sobre otra denuncia presentada el 16 de octubre pasado). El radicalismo y Elisa Carrió anunciaron, cada uno por su lado, medidas similares.

Esta vez la acusación se activó por la declaración del ministro: «Si pretenden extender la cautelar más allá del 7 sería un alzamiento contra una ley de la Nación, generaría un conflicto de poderes y sería un alzamiento contra el fallo de la Corte». El problema es que Alak se refería al accionar de la Cámara Federal en lo Civil y Comercial y la oposición lo considera un abuso de poder.

El ministro con esa declaración no hizo otra cosa que seguir la definición de Juan Manuel Abal Medina: «La Corte Suprema fue muy clara sobre que el abuso de cautelares no podía continuar y puso una fecha límite por lo que cualquier otra cosa que intentase violar eso, sería una afrenta institucional y un verdadero disparate», dijo. «Si para quedar bien con un monopolio poderoso alguien quiere violar una ley votada mayoritariamente por el Parlamento argentino, promulgada por el Ejecutivo, discutida por la sociedad y ratificada por la Corte Suprema, sería un alzamiento».