Después de Chávez, Evo ataca a Perú por asilos

Evo Morales brega por llevar adelante un proceso por genocidio contra ex funcionarios del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Se les imputa la muerte de 60 civiles en la rebelión popular de octubre de 2003.

La Paz - El presidente de Bolivia, Evo Morales, conminó a su homólogo peruano, Alan García, a no cometer el «grave delito» de asilar a tres ex ministros bolivianos acusados por crímenes de lesa humanidad, un hecho que calificó de «muy grave» y que amenaza con suscitar un serio conflicto diplomático.

El presidente García «tiene la obligación de expulsar» a quienes solicitan cobijo porque «no puede encubrir delincuentes», dijo.

«Sería muy grave eso (del asilo); antes (los implicados en este caso) se escapaban a Estados Unidos cuando (George W.) Bush estaba de presidente; ahí están Sánchez de Lozada y otros de sus ministros, y no es posible ahora que sus ex ministros escapen a Perú», se quejó.

«Si el Gobierno peruano concede asilo o refugio estaría cometiendo un grave delito, porque hemos revisado las normas que tiene el Estado peruano sobre refugio, pues no pueden dar asilo o refugio si hay personas en Latinoamérica, en el mundo, que han cometido delitos de lesa humanidad», argumentó el mandatario.

«Que no cometan el error, como una ofensa del pueblo peruano al pueblo boliviano, de dar asilo a los ex ministros de Gonzalo Sánchez de Lozada», que solicitaron refugio en Lima ante la inminencia de un juicio por la matanza de 60 civiles en una rebelión popular en octubre de 2003.

El pasado viernes el canciller peruano, José Antonio García Belaúnde, reveló en Lima, sin citar nombres, que «el Gobierno peruano ya otorgó asilo a un ex ministro del Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003), y dos otros ex ministros nos han solicitado refugio y estamos evaluando su pedido».

Según fuentes diversas, habrían pedido protección política el ex ministro de Desarrollo Económico, Jorge Torres Obleas; el de Salud, Javier Torres Goitia; y la de Participación Popular, Mirtha Quevedo, también jefa del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR, oposición).

Todos ellos están imputados de genocidio, por la matanza de al menos 60 personas baleadas en una rebelión popular ocurrida en octubre de 2003. El juicio comenzará el 18 de mayo en la Corte Suprema de Sucre.

Sánchez de Lozada abandonó el país y se dirigió a Estados Unidos junto a su ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, el 17 de octubre de 2003, poco después de dimitir, presionado por la revuelta popular.

«Al compañero chabacano Alan García, presidente de Perú, quiero decirle que no tiene por qué proteger a los delincuentes en el pueblo peruano, en el Estado, en el Gobierno peruano», dijo Morales, repitiendo el calificativo que le endilgó a él un alto funcionario peruano en un reciente roce entre La Paz y Lima.

«Imagínense en el Perú, la Justicia peruana encarcelando a quienes cometieron delitos de lesa humanidad (en alusión al ex mandatario Alberto Fujimori, por la masacre de opositores) y no es posible que el presidente peruano pueda dar asilo o refugio a algunos ministros que van escapándose», dijo.

Las fuertes declaraciones evocan recientes desencuentros entre La Paz y Lima que además han sido constantes desde que Morales dijo el año pasado que Estados Unidos buscaba instalar una base militar en Perú, afirmación que fue rechazada y considerada por García como una intromisión en asuntos internos peruanos.

Los roces entre Lima y La Paz recrudecieron en marzo luego de que Morales dijera que la demanda de Perú contra Chile en la Corte Internacional de La Haya, por la soberanía de una zona marítima, obstaculiza la aspiración boliviana de recuperar su presencia en el océano Pacífico.

En abril Perú otorgó igualmente asilo al alcalde de la ciudad venezolana de Maracaibo, Manuel Rosales, principal opositor del presidente Hugo Chávez, quien argumentó que una acusación de enriquecimiento ilícito en su país es persecución política. El hecho provocó un serio roce diplomático entre Lima y Caracas.

Agencias AFP, ANSA y EFE