Detectan pinchaduras a esposas de empresarios

Mauricio Macri

La causa por las escuchas supuestamente ilegales que investiga el juez Norberto Oyarbide derivó ayer en lo que podría ser el capítulo pasional de la pesquisa: la Secretaría de Inteligencia (SI) confirmó que los jueces de instrucción de Misiones también habían ordenado intervenciones a los teléfonos de las esposas de Hugo Breitman, famoso anticuario, y de Jorge Navarro, hermano del titular del grupo Exxel, Juan Navarro. Estas grabaciones también fueron retiradas por el supuesto espía, Ciro Gerardo James, principal imputado en el caso y procesado con prisión preventiva.

Las intervenciones de estos dos celulares se produjeron entre noviembre y diciembre de 2007, en el caso de la esposa de Breitman, y entre marzo de 2008 y abril de 2009, en el caso de la mujer de Jorge Navarro. La detección de las pinchaduras surgió de la identificación de unas 30 personas intervenidas cuyas grabaciones retiró James de la SI y continúa investigando. El hallazgo apunta a confirmar la hipótesis de una supuesta estructura ilegal dedicada al espionaje, utilizando recursos del Estado. La pregunta es quién está detrás de las gestiones de James y las órdenes judiciales de los magistrados de Misiones investigados, Horacio Gallardo y José Luis Rey.

El apellido Navarro ya había aparecido en la pesquisa, al detectarse que el teléfono del abogado Francisco Castex, integrante del estudio de abogados Iribarren, estaba intervenido. El letrado representa al supermercado Carrefour en una demanda de u$s 120 millones contra el grupo Exxel, de Juan Navarro. A estas escuchas detectadas se suman las intervenciones del teléfono del empresario Carlos Ávila desde 2007, el de un celular perteneciente a un integrante de su círculo íntimo y a nombre de la empresa TyC (pinchado en 2007), tres teléfonos pertenecientes a dos gerentes de la empresa Coto, el celular de Sergio Burstein, familiar de las víctimas de la AMIA, y el de Néstor Leonardo, cuñado del jefe del Gobierno porteño, Mauricio Macri.

Imputación

En sus dos declaraciones ante el juez, Leonardo -quien el miércoles fue baleado en la puerta de la casa de unos amigos- apuntó contra Franco Macri, como el supuesto responsable por la intervención de su celular. Horas después de declarar junto a su abogado, Luis Conde, que su suegro los habría amenazado con enviar «una banda de chinos» y que le habría ofrecido dinero para separarse de su mujer, Sandra Macri, Leonardo fue atacado.

El episodio del ataque todavía no ha sido esclarecido por la Policía. Leonardo habría sido atacado por dos personas que saltaron desde la medianera al jardín delantero de la casa de donde salía, quienes lo habrían golpeado primero sin pedirle nada a cambio. «Incluso llevaba puesto un reloj muy caro que nunca le sacaron», comentaron desde su entorno.

Mientras el jefe de Gobierno porteño se cruzó duro con funcionarios del Gobierno nacional y con Oyarbide por la naturaleza del ataque (ver aparte), un hombre de 27 años que había sido detenido en un colectivo de la línea 216, cerca del lugar, fue indagado ayer. El sospechoso, que llevaba una pistola calibre 22, similar a la que se habría usado para disparar a Leonardo, tiene antecedentes penales por portar armas y por tenencia de drogas. A pesar de lo confuso del episodio, la fiscal a cargo, Gabriela Millán, interrogó al arrestado por los supuestos delitos de «tentativa de robo agravado». Fuera de peligro y con custodia permanente, en el juzgado de Oyarbide esperan ahora que se recupere para citarlo nuevamente.

En medio del escándalo por las agresiones al cuñado de Mauricio Macri, se presentó ayer a declarar en el juzgado el procurador porteño, Pablo Tonelli. El jefe de fiscales de la Ciudad respaldó ante Oyarbide la denuncia que el Gobierno porteño presentó contra la Policía Federal y el Gobierno nacional por un supuesto complot para evitar la conformación de la Policía Metropolitana.

El procurador señaló que «James ocultó su condición de integrante de la Policía Federal al momento de su ingreso al Gobierno de la Ciudad» e indicó que en su currículum no figuraba el paso por esa fuerza. También dijo que podría haber «actuado por cuenta propia», aunque concedió que pudo «haber recibido órdenes o instrucciones de sus superiores para determinadas tareas» de espionaje, y agregó que la denuncia realizada por él se había basado en la información suministrada por el Ministerio de Seguridad y Justicia porteño, a cargo de Guillermo Montenegro.

Luego de trabajar once años para la delegación de Robos y Hurtos de la Federal (y registrar numerosos movimientos en la Triple Frontera), James pidió su baja en esa fuerza, para entrar en la Policía Metropolitana. En el medio, firmó dos contratos por $ 57 mil con el Ministerio de Educación porteño, donde era un «asesor informal», según declararon sus autoridades, y realizó innumerables viajes a Misiones para trasladar casetes con las escuchas que ahora se investigan. Lo más llamativo es que la SIDE no logra encontrar esas grabaciones. Quizás los jueces de Misiones pueden aclarar ese punto hoy ante Oyarbide, si se presentan a su citación indagatoria. Pero nadie cree que lo hagan.