El primero, vinculado estrictamente al juicio ante la Corte Suprema, es avalar un pedido del abogado de Cleary Gotlieb Steen & Hamilton, Carmine Bocuzzi, de llamar a un carísimo experto en litigar en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos: Paul Clement, exprocurador general de los ese país en los años de George W. Bush, hasta 2005. En consecuencia, del Partido Republicano, pero conocedor de varios de los jueces del máximo tribunal. La tarea de Clement será buscar en tiempo récord una estrategia paralela a la muy lejana posibilidad de una intervención del Gobierno de Barack Obama ante la Corte. Clement comenzó a estudiar el caso argentino el 14 de octubre, en Nueva York, protestando contra la falta de tiempo para preparar algo sustentable. Aun así, es moderadamente optimista por sus contactos personales. Clement fue recomendado por el Bank of New York Mellon (BONY) luego del fallo negativo de la Cámara de Apelaciones, y recién dos meses después, fue aceptado por el Gobierno argentino para que se sume al estudio Cleary. La estrategia de Clement es la de presionar sobre los jueces republicanos John Roberts y Samuel Alito (a los que conocía desde sus años de trabajar en el Gobierno de Bush), para que escuchen al procurador general de los Estados Unidos de Obama, Donald Verrilli, demócrata de origen, pero de excelente diálogo con sus antecesores. Clement mantuvo una reunión con Lorenzino el jueves 10 de octubre en Washington, cuando cerraron el acuerdo para que el exprocurador tomara el caso argentino.
En paralelo, y en absoluto secreto, la Argentina ensaya una idea aún más complicada y políticamente difícil. Una negociación paralela y entre privados, para pagarles indirectamente a los fondos buitre litigantes con dineros públicos, pero a través de terceros.
La idea es recurrir a los dos fondos buitre amigos en todo este proceso: el Gramercy y el Fintech. Éstos, especialmente el primero, le ofrecerían a Paul Singer comprarle su deuda en default al contado y a un precio razonable, con dineros que aportarían los propios bonistas que accedieron al canje. Se buscaría recolectar unos u$s 900 millones (o más) que se le entregarían cash a Singer más los bonos que la Argentina ofrece por la reapertura del canje. El dueño del fondo buitre Elliot, y todos los que se sumaran, tendría un pago de casi el 80% de su reclamo. Luego, después de 2015, cuando los bonistas que aceptaron las propuestas de reestructuración de la Argentina en 2005 y 2010 ya no puedan alegar judicialmente por haberles pagado a Singer y compañía más dinero que el que ellos recibieron, Gramercy y Fintech (compradores de la deuda al Elliot, Dart, Olifant y compañía) le ofrecerían al Gobierno un canje particular, cambiando bonos Bonar 2017 y Boden 2015 y una quita general del 25%. Sería una repetición del acuerdo que Gramercy cerró con Hernán Lorenzino también en octubre de 2013 por los juicios que el exfondo buitre les había comprado a varias empresas norteamericanas que habían vencido a la Argentina en el tribunal del Banco Mundial CIADI. El fondo de Robert Koenigsberg, antiguo archienemigo de Néstor Kirchner y el canje de 2005, era a esa altura un gran aliado del Gobierno de Cristina de Kirchner ante los mercados internacionales.
La gestión es particular del Gramercy, que a su vez invitó a participar de la operación al mexicano David Martínez, del fondo Fintech. Había un problema no menor. Tanto Martínez como Koenigsberg eran enemigos declarados de Paul Singer. Los tres se debían una larga conversación para que las negociaciones pudieran avanzar. Koenigsberg se enfrentó al dueño del fondo Elliot precisamente por haber aceptado el canje argentino de 2010. Con Martínez, la situación era más compleja, ya que la pelea tenía que ver con la patria del mexicano y la disputa por la multinacional azteca Vitrium. Sin embargo, hoy hay cierto optimismo entre los buitres amigos y enemigos de entablar una negociación conjunta.
| @cburgueno |
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