Devuelven caso Correo-gate a jueza imputada por fiscal

Deberá opinar sobre su propia decisión de autorizar derivación de fondos a controlantes de Grupo Macri.

Gabriela Boquín

La Sala B de la Cámara Comercial decidió devolver la causa por el polémico concurso del Correo Argentino S.A. a la jueza de primera instancia, Marta Cirulli, para que se pronuncie acerca de la autorización de la firma para extraer fondos que, según denunció la fiscal en lo comercial Gabriela Boquín, terminaron por beneficiar a sus controlantes del Grupo Macri. En el controvertido proceso, las camaristas María Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini dispusieron que la jueza que autorizó esos pagos se vuelva a pronunciar luego del duro dictamen en el que Boquín la acusó por haber accedido al pedido de la empresa y solicitó su apartamiento. En el contexto, la solicitud de la Cámara también choca contra la imputación contra Cirulli formulada por el fiscal Juan Pedro Zoni que instruye la faceta penal del Correo-gate, donde se denunció el accionar de los funcionarios que intervinieron en el proceso de acuerdo fallido por el cobro de la deuda que el Estado le reclama a la empresa concursada. Allí, junto a la jueza del caso fueron imputados los síndicos y los representantes de la firma, en un expediente que avanza en paralelo al de la Justicia comercial que todavía no definió si acepta la prórroga de 120 días que había pedido Correo Argentino apenas se anunció desde el Gobierno que el cuestionado acuerdo volvía "a foja cero".

En el diltatado expediente por el concurso de la empresa controlada por Sideco y SOCMA, Cirulli debe ratificar o no su autorización para que desde las cuentas bancarias se haya extraído el dinero correspondientes a alquileres y gastos operativos que terminaron abonándose a las controlantes, algo que Boquín denunció como una maniobra de vaciamiento.

Tanto la Justicia federal, en un caso que está bajo la órbita de Ariel Lijo, como en la Auditoría General de la Nación, extrajeron copias de todos los cuerpos de la causa y devolvieron los originales a la Sala B en lo Comercial, última instancia que deberá homologar un acuerdo entre las partes apenas se acuerde de qué forma y con qué quita se pagará el monto que el Estado le reclama a la firma del Grupo Macri en concepto de cánones impagos.

Hasta ahora Boquín ha sido muy crítica de los pasos que ha llevado el expediente y cuestionó en duros términos a la jueza Cirulli además de considerar que el acuerdo firmado era "abusivo" y que hubo "mala fe procesal" por parte del Grupo Macri al instar contrademandas en el fuero contencioso administrativo federal por montos superiores a su deuda.