El reconocimiento de esas obligaciones fue explicitado en los documentos que el Ejecutivo envió a modo de defensa al Congreso, que el mes que viene deberá analizar las cuentas públicas y votar si los aprueba o no.
La oposición reclamó el inicio de un juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por considerar que esas maniobras ("pedaladas") usadas para "maquillar" el resultado fiscal suponen un "delito de responsabilidad", que es una de las posibles causas contempladas en la Constitución para cesar a un mandatario.
El Tribunal de Cuentas de la Unión, órgano de contraloría del Estado, ya rechazó las cuentas públicas y recomendó al Congreso que también los repruebe, por considerar que representan irregularidades "graves".
Según ese organismo, en 2014 el Gobierno dejó de depositar en la banca pública, usada como agente de pagos, parte de los montos previstos para seguros de desempleo, subsidios a las familias más pobres y créditos para campesinos, entre otras obligaciones.
Eso llevó a los bancos a cubrir esos compromisos con sus propios recursos y le generó al Estado una deuda que el año pasado cerró en unos 40.000 millones de reales (10.530 millones de dólares al cambio actual).
El Gobierno incumplió esas obligaciones también durante este año y la deuda con la banca pública ha llegado a la suma admitida ayer, que según garantizó el ministro de la Presidencia, Jaques Wagner, será cancelada antes de fin de año.
Las explicaciones del Gobierno serán analizadas por los miembros de la Comisión de Presupuesto, la cual remitirá un informe a las cámaras de Diputados y del Senado, que lo votarán en una sesión conjunta prevista, en principio, para el 17 de diciembre.
El mes pasado el Gobierno envió al Parlamento una versión corregida de su Presupuesto de este año, en el que calculó que cerrará 2015 con un déficit fiscal equivalente al 1% del PBI, aunque excluyendo las deudas con los bancos.
Según admitió el Tesoro, en caso de que se incluyan esas deudas en las cuentas, el déficit fiscal llegaría entonces al 2% del Producto, el doble de lo previsto por el Gobierno.
| Agencia EFE |
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