Diputados aprobó el proyecto para limitar decretos presidenciales

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La Cámara de Diputados aprobó anoche por 142 votos a 98 la reforma de la Ley 26.122 sobre la regulación de los decretos de necesidad y urgencia que dicta el Poder Ejecutivo. El proyecto fue la reacción opositora frente a los DNU de Cristina de Kirchner para habilitar el uso de reservas del Banco Central para el pago de la deuda sin consultar al Congreso.

Una de las promotoras de la iniciativa, la peronista disidente Graciela Camaño, inició el debate de la sesión especial, y aseguró que el dictamen opositor que llegó al recinto «plasma un nuevo diseño institucional». El proyecto aprobado ayer plantea que cada DNU que emita el Ejecutivo deberá ser analizado por ambas Cámaras, cuerpos que deberán expedirse sí o sí sobre la norma en cuestión. Eso significa que para quedar ratificado, el decreto deberá ser aprobado por las dos Cámaras (actualmente basta con sólo uno de los cuerpos), y en el caso de que alguna no se expida en el período establecido por ley, el DNU quedará automáticamente rechazado.

El kirchnerismo y la oposición quedaron presas de una nueva polémica desde el minuto cero de la sesión ya que fue necesario someter a votación la habilitación del debate para reformar la Ley 26.122. Radicales, cívicos, macristas, socialistas, peronismo disidente y el centroizquierda se impusieron con 141 votos a favor de la discusión en el recinto del dictamen que modifica la regulación de los DNU, cuestionado por el oficialismo. Apenas se inició la sesión, el titular del bloque oficialista, Agustín Rossi, advirtió que el dictamen no contaba con las firmas suficientes para ser considerado en el recinto. Pero la diputada del SI, Verónica Benas, advirtió que el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamentos contó con «38 diputados presentes de un total de 49 miembros y que el dictamen reunió 22 firmas, lo que supera el número del 50 por ciento de los miembros presentes».

Defensa

Una vez habilitado el debate, el kirchnerista Gerónimo Vargas Aignasse fue el encargado de ensayar la defensa del bloque oficialista. «Estamos en contra de este proyecto que sintetiza el rol que ha tenido la oposición en estos últimos meses. De Pino a Pinedo y de Pinedo a Pino, el único acuerdo que persiguen es obstruir la gestión de la Presidente», advirtió el legislador de Tucumán. El radical alfonsinista Juan Pedro Tunessi respondió enfáticamente las críticas kirchneristas: «Terminamos con este tema de la sanción ficta. Está claro que tiene que ser votado un DNU por ambas Cámaras, está claro que no estamos invadiendo facultades de Poder Ejecutivo cuando interpretamos que dictar un DNU implica tomar la decisión automática de convocar a sesiones extraordinarias del Congreso. Si se dicta un decreto, que se sabe que tiene que tener en el menor tiempo posible ratificación legislativa, se interpreta que se está convocando a sesiones extraordinarias del Poder Legislativo».

La presidenta del bloque del Partido Socialista, Mónica Fein, señaló, al fundamentar el voto positivo de su bancada al proyecto, que «constituye un avance en materia constitucional y sirve como control del Poder Ejecutivo, ya que es relevante que el PEN explique a partir de esta modificación las razones de excepcionalidad, necesidad y urgencia que lo llevan a emitir un DNU».

La iniciativa también modificó la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo -actualmente no está conformada por la interposición de recursos judiciales- al ampliar sus miembros de 8 a 12 por cada Cámara, es decir, a un total de 24. En el proyecto se establece que esa comisión puede sacar dictamen con «la asistencia de al menos la tercera parte de sus miembros», y ratificaron el plazo de diez días corridos que tiene el cuerpo para expresarse sobre un DNU.

Establecen también que el jefe de Gabinete deberá concurrir personalmente al Congreso dentro de los diez días corridos desde la firma del decreto para explicar su contenido y, en caso de que el Parlamento se encuentre en receso al momento de dictar un DNU, tal cual ocurrió con el Fondo del Bicentenario, se convocará de forma automática a sesiones extraordinarias sin aviso al Ejecutivo nacional. La iniciativa deberá ahora ser aprobada por el Senado para convertirse en ley.

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