Economía desplazó a director acusado de estafa al Estado

Miguel Peirano

El Ministerio de Economía suspendió ayer por tiempo indefinido a Juan Cayetano Intelisano, director de Administración, investigado por firmar un presunto pago ilegítimo de 54 millones por parte del Estado al grupo de aseguradoras Accolade Pool. Se aceleraron así los tiempos ya que la medida evitó que fuera la presidente Cristina de Kirchner la encargada de removerlo por decreto.
Ahora Intelisano, un funcionario con años de carrera dentro del Ministerio, estará separado de su cargo mientras la Justicia avanza en la investigación penal por presunto fraude al Estado y se dicte una sentencia. La resolución fue firmada anoche por la secretaria legal y administrativa del Ministerio de Economía, Ofelia Cedola, y fue supervisada por el titular de la cartera, Carlos Fernández, con el aval de la Casa Rosada.
Desde que se conocieron las denuncias realizadas por el titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Manuel Garrido (a cargo de la jueza María Servini de Cubría), y del fiscal Raúl Plée (a cargo del magistrado Sergio Torres), la cartera está bajo presión para tomar medidas.
El caso generó tales repercusiones que puso en estado de alerta al ministerio. Decidieron actuar rápidamente y resolver de una vez la situación de quien había recibido el foco de atención, por ser señalado como el principal responsable del supuesto pago ilícito, quien aún permanecía en su cargo de planta. La detección del pago en 2007, durante la gestión del Miguel Peirano, inició un sumario interno que desembocó en la investigación de la FIA y las renuncias de la ex directora de Asuntos Jurídicos Yolanda Eggink, y la de Intelisano a su cargo político, como subsecretario de Administración Patrimonial. Ambos, sin embargo, lograron sobrevivir al batacazo: Intelisano conservando su puesto de carrera en el mismo Ministerio y Eggink reinventándose en Planificación Federal, bajo la órbita de Julio De Vido (ver aparte).
Letargo
La rápida decisión de Economía responde a meses de letargo: en marzo de 2008, Garrido presentó un informe sobre la investigación al procurador del Tesoro, Osvaldo Guglielmino, recomendando acciones de recupero del dinero pagado y disciplinarias. Se respondió que para tomar alguna medida, se debía informar a Cristina de Kirchner, para que en todo caso se lo destituyera por decreto presidencial, pero nadie notificó nada. También hubo un supuesto proyecto de denuncia en Economía, que luego fue desestimado. Esta semana el escollo legal fue resuelto rápidamente.
Pero también hay otro factor que aceleró el proceso: la posibilidad de que el avance de la denuncia haga surgir otros casos similares en el interior de Economía. El conflicto por los presuntos pagos ilegales no empezaría ni terminaría en el director de Administración. «Alguien con la experiencia de Intelisano no hace un pago de esas dimensiones solo, responde a alguien. Además, es muy llamativo que el caso se detecte apenas un par de días después de que lo apruebe», señaló un ex funcionario directamente relacionado al caso.
Tampoco es la primera vez que se descubren graves irregularidades dentro de la estructura del ministerio: los casos Meller y Greco ya dieron cuenta de una red, en la que las gestiones pasan, pero los nombres de los presuntos responsables se repiten. Una estructura interna que funcionaría hace años y que habría realizado presuntos pagos ilegítimos por casi $ 480 millones, a través de causas judiciales, que no se habrían debido pagar. En el centro de este escenario se encuentra Johann Holjevac -»el subsecretario», como lo llaman en los pasillos de Economía por su grado de injerencia en las gestiones del ministerio-. El empresario croata es otro de los sobrevivientes en Economía, a pesar de los cambios de Gobierno: gestionaría negocios desde los 90 con funcionarios del ministerio. Holjevac es el dueño del Hotel Las Cumbres, en Punta del Este, y de una propiedad en Cerro de los Demonios (Laguna del Sauce). Además, sería uno de los accionistas del Hotel Conrad, en Punta del Este, y de una propiedad en el Edificio Santa María, en Miami (que está a nombre de la Sociedad Anónima Wiunterbill).