Efecto Menem: se fue abogado de la AFIP

El jefe de abogados de la AFIP que presentó las acusaciones contra Carlos Menem en la causa por contrabando de armas, en representación del Estado, renunció a su cargo y se irá del organismo, luego de haber brindado una entrevista en la que deslizó que el fallo absolutorio a favor del expresidente pudo haber tenido una explicación política. El funcionario había pedido una condena de cinco años de prisión para Menem y luego de la absolución de la semana pasada, a instancias del Tribunal Oral en lo Penal Económico 3, consideró «inexplicable» la decisión de los magistrados.

Se trata del abogado Carlos Lobos Oroño, jefe de la División Causas Penales del Departamento Judicial del ente recaudador. El letrado, en su rol de querellante, tuvo a su cargo las acusaciones en nombre de la Aduana contra Menem y los otros diecisiete imputados en la causa en la que se investigó el presunto desvío de armamento argentino a Ecuador y Croacia en los años 90.

La carrera de Lobos Oroño en la AFIP, que arrancó en 2003, entró en la cuenta regresiva horas después de la lectura del fallo, el martes pasado. «No quiero pensar que haya un trasfondo político detrás de esto», declaró en una entrevista radial.

Este diario pudo saber que poco después, desde el organismo le pidieron que pusiera a disponibilidad su cargo al frente del área judicial. Sin margen de acción, Lobos Oroño acató la sugerencia y además resolvió presentar su dimisión a la AFIP. Desde el ente que encabeza Ricardo Echegaray prefirieron no opinar sobre la salida del letrado y sólo confirmaron que había presentado su renuncia la semana pasada. Se mencionó la obligación de los funcionarios de pedir autorización para hacer declaraciones.

Lobos Oroño fue uno de los principales impulsores de la causa armas. En 2005 pidió los procesamientos de Menem, su exasesor y excuñado Emir Yoma; el exministro de Defensa Oscar Camilión; el exministro de Economía Domingo Cavallo, y su exvice Carlos Sánchez. A todos los acusó por la firma de los decretos que contemplaban la venta de armamento a Panamá y Venezuela, que, de acuerdo con las investigaciones fue luego derivado a Croacia y Ecuador, países a los que la Argentina no podía venderles material bélico por ser firmante de tratados internacionales que vedan esas comercializaciones durante conflictos.

Durante el juicio oral, que arrancó hace tres años, el representante de la Aduana pidió una condena de cinco años para Menem, en tanto el fiscal general del caso, Mariano Borinsky, reclamó ocho años de encarcelamiento para el expresidente. Ambos salieron visiblemente conmocionados de los tribunales de Comodoro Py, al término del acto de lectura del veredicto por parte del TOPE 3.

Los jueces dispusieron la absolución de los 18 imputados por mayoría. En esa línea votaron los magistrados Luis Imas, presidente del tribunal, y Horacio Artabe. En disidencia se pronunció Luis Losada, aunque los fundamentos no se conocerán hasta el 7 de noviembre próximo.

Apelación

Tanto Lobos como Borinsky dijeron ese mismo día que apelarían la decisión. Y fundaron su expectativa en la lectura del voto en disidencia de Losada, como la posibilidad más concreta de retomar la línea que apunta a la presunta existencia de delitos detrás de la comercialización de los armamentos denunciada en 1995.

Como representante de la Aduana y también en el rol de querellante, el abogado encabezó el año pasado la causa en contra de una ciudadana mexicana sindicada como una de las líderes del Cartel de Sinaloa, acusada de contrabando desde la Argentina a México de 20 kilos de efedrina, y que fue condenada a cinco años de prisión efectiva.