El Congreso de Brasil abre el crudo presal a las empresas extranjeras

La reforma del régimen petrolero es una apuesta fuerte y polémica del nuevo Gobierno de Michel Temer. Está en juego una riqueza cuantiosa y, a la vez, cara para extraer.

Aliados. El presidente de Brasil, Michel Temer, y su canciller, José Serra, son viejos amigos. La influencia del segundo en el Gobierno hoy excede su cargo. Por caso, es el autor del proyecto que cambia de raíz el marco regulatorio para la explotación del petróleo de aguas profundas.

Brasilia - El Gobierno de Michel Temer demostró la fortaleza de su base parlamentaria y la profundidad de los cambios que pretende introducir en Brasil al lograr el aval de la Cámara de Diputados al proyecto que derriba la exclusividad que la petrolera estatal Petrobras tenía sobre el presal, los gigantescos yacimientos de crudo descubiertos en aguas ultraprofundas del Atlántico.

La Cámara baja aprobó por 292 votos a favor y 101 en contra el texto principal de una iniciativa que abre los ricos yacimientos presal a las petroleras extranjeras pero aún tiene que votar en otra sesión, sin fecha definida por el momento, algunos detalles y enmiendas.

Lo que está en juego son reservas estimadas en más de 60 mil millones de barriles de petróleo descubiertas a partir de 2007 en un área ubicada a más de 5.000 metros debajo del nivel del mar, cuya extracción es más costosa que en los pozos de profundidad normal.

Luego de ese triunfo político del oficialismo, se inició ayer el debate sobre reforma constitucional para un recorte de gastos.

La reforma petrolera había sido propuesta por el entonces senador José Serra, que actualmente ejerce como canciller, y ya fue aprobada por el Senado, por lo que pasará a promulgación del presidente Michel Temer no bien se aprueben los detalles pendientes.

La iniciativa reforma el marco regulatorio para la explotación de petróleo descubierto debajo de una capa de sal de 2 kilómetros de espesor, que hasta ahora convertía a Petrobras en socio, con al menos el 30%, de cualquier consorcio que se adjudicara licencias para explotar el petróleo presal.

Además, por ley de 2010, en tiempos de Luiz Inácio Lula da Silva, la petrolera estatal era por obligación la operadora de cualquier consorcio, es decir que era la responsable de toda la infraestructura de exploración y explotación, por lo que sus socias tendrían que limitarse a aportar capital.

El proyecto aprobado pone fin a las dos restricciones y determina que Petrobras puede decidir caso por caso si quiere ingresar a los consorcios que explotarán el presal y si quiere ser el operador. En otras palabras, permite que cualquier compañía, incluso extranjera, pueda adjudicarse licencias para explotar el crudo y ser su propio operador.

La reforma era defendida por el propio presidente de Petrobras, Pedro Parente, quien alega que las dificultades financieras de la empresa estatal le impiden ser el operador único en el presal.

Petrobras tiene en marcha un proceso de reestructuración para hacer frente a sus dificultades financieras, a su deuda récord y a la coyuntura negativa del sector, con los bajos precios del crudo, que prevé millonarias desinversiones. La compañía también sufre por los coletazos del escándalo de corrupción que supuso en los últimos años desvíos de fondos por al menos 2.000 millones de dólares a partidos y políticos del Gobierno anterior.

El presal, un horizonte de explotación que se extiende frente a todo el litoral sudeste de Brasil, puede convertir al país en uno de los mayores exportadores mundiales de petróleo, pero por las limitaciones de Petrobras hasta ahora tan sólo fue concedida una licencia para explotar el área.

El proyecto de ley que pone fin a la exclusividad de Petrobras fue aprobado en una sesión interrumpida en numerosas ocasiones por parlamentarios de la oposición, ligados al Gobierno depuesto de Dilma Rousseff, que acusan a los partidos ahora oficialistas de estar vendiendo el patrimonio brasileño, así como por dirigentes sindicales de la petrolera estatal.

Temer, que asumió con plenos poderes tras la destitución de Rousseff el pasado 31 de agosto, defendió la privatización de varias estatales y las concesiones al sector privado de diferentes servicios y actividades para hacer frente a la actual crisis económica de Brasil.

Agencias EFE, ANSA y Télam,

y Ámbito Financiero