El Estado, expuesto a demandas de Báez, Lopéz y Pérez Corradi

El Senado modificará también la ley del arrepentido para evitar demandas por inconstitucionalidad. Permite extinción de dominio sin sentencia judicial.

Segunda jornada. En el plenario de comisiones expusieron Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián y Marcelo Sancinetti, entre otros. Todos objetaron la redacción de los proyectos. El Senado los devolverá a Diputados.

Tal cual está redactado el proyecto de ley de decomiso de bienes provenientes de delitos y extinción de dominio, el Estado argentino podría quedar expuesto a una ola de demandas de sospechosos detenidos como José López, Lázaro Báez, Leonardo Fariña o Ibar Pérez Corradi. La iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo nacional contempla la posibilidad de incautar bienes obtenidos a partir del narcotráfico, lavado de dinero o corrupción con el mero procesamiento judicial de un acusado, previo a una sentencia firme, disposición que sería violatoria del derecho a la propiedad amparado en la Constitución nacional.

El el plenario de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad y Narcotráfico realizó ayer su segunda jornada de debate luego de las exposiciones de Patricia Bullrich, Germán Garavano y Laura Alonso. Los defectos técnico-jurídicos de redacción llevan al mismísimo Federico Pinedo (PRO), presidente provisional del Senado, a anticipar que la Cámara alta modificará el paquete de proyectos ya aprobado en Diputados. La Cámara alta tiene previsto sesionar el miércoles de la próxima semana para votar los pliego de los nuevos jefes de la Agencia Federal de Inteligencia y también las modificaciones a las denominadas leyes del arrepentido y extinción de dominio.

Hugo Wortman Jofré, presidente del Consejo de Administración de Poder Ciudadano, sostuvo que "la eficiencia judicial no puede ser a costa de garantías constitucionales". El especialista alertó en un plenario de comisiones del Senado que "lo principal que me preocupa es que simplemente con un llamado a indagatoria ya se puedan incautar bienes de una persona. El juicio ejecutivo implica que una persona puede perder sus bienes en diez días".

El penalista León Arslanián no apeló a metáforas para calificar el proyecto de extinción de dominio sobre bienes provenientes de ilícitos y lo definió como "un texto que contiene rasgos escandalosos y errores de concepto. Esto es grave: se propone ejercer la acción de extinción de dominio sin que haya una sentencia penal. El proyecto viola el principio de inocencia, entre otros rasgos escandalosos".

El radical Ricardo Gil Lavedra se enfocó en la figura del arrepentido y opinó que "el beneficio procesal de excarcelación del arrepentido tiene que ser luego de corroborado su testimonio". "De ser legislador dejaría el uso de la figura del arrepentido para crímenes específicos como corrupción y trata de personas", explicó.

A su turno, Félix Crous, de la Oficina de Enlace Legislativo de la Procuración General de la Nación, dijo que "la retribución de bienes a particulares o a una ONG es una forma de privatización y una oportunidad para negociados". En tanto, Fernando Díaz Cantón, de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, enfatizó que "nada de lo que vaya a decir un arrepentido puede ser valorado como prueba".

El profesor de Derecho Penal y Procesal de la UBA, Marcelo Sancinetti, denunció que el proyecto de "arrepentido" es "inmoral ya que el Estado se vale de la palabra del acusado para condenarlo" y detalló que "hay una violación al principio de igualdad". Finalmente, el juez de Cámara ante el Tribunal Oral en lo Criminal 4, Julio Báez, defendió la figura del "arrepentido" al confiar en que "mientras no sea coaccionado el imputado, no hay daño constitucional".