El Gobierno querelló a ambientalistas

La decisión oficial fue no efectivizar la orden de desalojo de la Ruta Nacional 136 dispuesta por un juez de Concepción y, en cambio, denunció penalmente a los vecinos.

El conflicto por el corte de Gualeguaychú ingresó ayer en una espiral judicial con final abierto. Luego de que el juez de Concepción ordenó el martes liberar la ruta, el Gobierno anunció que no efectivizará el desalojo y, en cambio, se presentó como querellante en la causa contra los asambleístas que cortan la ruta desde hace tres años en rechazo a la pastera Botnia. Confirmó, incluso, que los demandó penal y civilmente por una serie de delitos, como entorpecimiento de transporte, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, instigación a cometer delitos y apología del delito, entre otros. También los querelló por delitos que comprometen la paz y la dignidad nacional, atentado al orden, homicidio culposo y encubrimiento.

Además inició una demanda civil contra los vecinos que componen la Asamblea Ciudadana Ambiental por los perjuicios que causó el corte a comerciantes, el turismo y al comercio exterior.

La denuncia fue presentada en el juzgado federal de Concepción del Uruguay por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.

«El Gobierno ha tenido paciencia», se ufanó el ministro Aníbal Fernández, quien agregó que para estar seguros de que no hay contaminación provocada por Botnia «hay que abocarse a la tarea de monitoreo» del río Uruguay, tal como lo estableció el fallo de La Haya.

La reacción oficial surgió tras una extensa reunión que mantuvo Cristina de Kirchner en Olivos con el jefe de Gabinete, Fernández; el ministro de Justicia, Julio Alak; y el ministro del Interior, Florencio Randazzo. Antes, Alak se había reunido a solas con el juez Pimentel para anticiparle la decisión.

Allí se analizó en profundidad el fallo del juez subrogante de Concepción, Gustavo Pimentel, y hubo coincidencias respecto de la falta de contundencia de la resolución.

«Este tipo de decisiones elípticas son de cumplimiento imposible», resumió el jefe de ministros señalando las pantallas de televisión que se clavaron todo el día en Gualeguaychú exhibiendo la creciente movilización de resistencia de los vecinos.

«Hemos presentado denuncia penal con nombre y apellido», contra los responsables del corte, agregó el jefe de Gabinete más tarde en una conferencia de prensa junto con el ministro Alak.

En ese mismo contexto, Fernández ratificó que el Gobierno «no tiene vocación de reprimir» y sostuvo que la persistencia del bloqueo «constituye un alzamiento contra una decisión internacional» en referencia al fallo de la Corte Internacional de La Haya que marca un antes y un después en el contexto político.

La decisión del Gobierno exaltó aún más los ánimos de los ambientalistas, que ratificaron su voluntad de «resistir» cualquier acción que signifique anular esa medida de fuerza. «(El corte) es lo único que nos queda. No vamos a entregarlo. Estamos dispuestos a victimizarnos si es necesario», bramaron en una de las tantas asambleas que improvisaron a lo largo del día. «No nos interesan las denuncias penales, porque defendemos la vida», lanzaron. Incluso, el dirigente Martín Alazard acusó al Gobierno de «haber negociado con Uruguay el corte», en relación con el apoyo que el Gobierno de José Mujica le dio a la candidatura de Néstor Kirchner en la Unasur.