El juez Garzón, a juicio por haber pretendido investigar el franquismo

Así se lo vio ayer a Baltasar Garzón, otrora juez todopoderoso de la Audiencia Nacional, al salir del edificio de tribunales en Madrid. De ser declarado culpable de prevaricato en el juicio que se le iniciará, perdería su cargo y afrontaría una inhabilitación de hasta 20 años.

Madrid - El juez Baltasar Garzón, protagonista indiscutido de los tribunales españoles por haber llevado adelante causas de alto impacto en su país y en el mundo, será juzgado por haber investigado sobre los desaparecidos de la Guerra Civil española (1936-1939) y la represión posterior de la dictadura franquista (1939-1975), lo que le podría costar el cargo. Un juez de la sala penal del Tribunal Supremo (TS) lo procesó por presuntamente haber obviado la ley de amnistía de 1977 y por haber actuado fuera de su competencia territorial.

El procesamiento de Garzón, un juez con enemigos tanto en el seno del oficialista Partido Socialista (PSOE) como en el opositor Partido Popular (PP, conservador), obedece a demandas iniciadas por organizaciones consideradas de ultraderecha, que se oponen a todo intento de revisar el pasado en España.

«Consciente de su falta de competencia (Garzón) construyó una artificiosa argumentación para justificar su control del procedimiento penal», indicó el juez supremo Luciano Varela en su resolución. «Ha lugar a proceder contra Baltasar Garzón por un delito de prevaricación» (dictar una resolución injusta a sabiendas de que lo es), indicó Varela. Un juez depende «sólo, pero siempre, de la ley», insistió el magistrado que instruye el proceso y que ya fue avalado por la sala penal que integra en decisiones que iban en el mismo sentido que la anunciada ayer.

Tras esta decisión, que abre las puertas a una suspensión de Garzón en su cargo que debería ser decidida por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los querellantes tienen un plazo de diez días para presentar sus escritos de acusación contra el magistrado de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española).

Desde mayo de 2009, las organizaciones de ultraderecha Manos Limpias, Falange Española de la JONS y Libertad e Identidad fueron sumando denuncias contra Garzón.

El juez Varela, a quien ex alumnos acusaron de tener animosidad contra Garzón, de quien se ha dicho que se mofaba en sus clases, también consideró que no son necesarias más pruebas para esclarecer los hechos y denegó todas las solicitadas por el magistrado acusado. Entre ellas, Garzón había solicitado que presten testimonio los jueces argentinos Eugenio Zaffaroni (Corte Suprema) y Eduardo Freiler (Cámara Federal).

Las acusaciones contra el juez que procesó a Augusto Pinochet se basan en su decisión de octubre de 2008 de investigar el destino de más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil española y los primeros años del franquismo. Esa investigación entró en una zona de conflicto con un fiscal, y finalmente debió ser derivada a tribunales locales. En un primer momento, Garzón había ordenado la apertura de una veintena de fosas comunes donde habría restos de desaparecidos, lo que quedó desactivado con el traslado de la competencia.

En una resolución de febrero pasado ratificada por la sala penal, el juez Varela ya había reprochado a Garzón la realización de una instrucción sin tener competencia, atribuyendo a personas fallecidas delitos que habían prescripto y estaban amnistiados.

Garzón tiene en su haber procesos contra represores latinoamericanos, las sucesivas cúpulas de la ETA y sus vínculos políticos, altos funcionarios del Gobierno socialista de Felipe González y hasta Osama bin Laden (ver aparte).

El juez acusado argumentó en su momento que el delito de «detención ilegal, sin dar razón del paradero, en el contexto de crímenes contra la humanidad» es «permanente», por lo cual no cabía aplicar la amnistía.

Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, se limitó a expresar su «máximo respeto al poder judicial» y afirmar: «Creo en la presunción de inocencia, mientras no se demuestre lo contrario, de todas las personas encausadas, también cuando éstas son jueces». Semanas atrás, José Luis Rodríguez Zapatero había realizado una encendida defensa de Garzón, lo que le valió al jefe de Gobierno una severa reacción de asociaciones de jueces.

La organización Amnistía Internacional, entre muchas otras vinculadas a la defensa de los derechos humanos que se expresaron en el mismo sentido, calificó de «insólito» que un juez pueda ser condenado por buscar «la verdad, la justicia y la reparación» para más de cien mil desaparecidos.

Agencias AFP, EFE, ANSA y Reuters