A pocos metros de su hogar, donde lo esperaban su esposa e hijos, dos ladrones en una moto le cortaron el paso para robarle su arma reglamentaria. Según testigos, Pérez se defendió e hirió gravemente a un delincuente, pero el otro le asestó un disparo en la cabeza que terminó con su vida.
Fue uno de los 268 policías ultimados en Venezuela el año pasado, cuando el asesinato de agentes creció un 25% respecto de 2013 en uno de los peores países para ser policía.
En lo que va de este año, 22 policías fueron asesinados, un 30% más que en el primer mes del año pasado, según la organización de derechos humanos Fundepro.
Las muertes violentas crecieron en Venezuela, pero no en la misma magnitud. La organización no gubernamental Observatorio Venezolano de Violencia calcula que en 2014 los asesinatos totales subieron menos del 1% interanual hasta casi 25.000.
El personal reducido, los pocos recursos y la deficiente preparación, además de los altos índices de violencia, dejan a las fuerzas de seguridad en una posición muy vulnerable.
"Tienen armas de guerra", dijo un policía del distrito capitalino de Chacao, que era amigo de Pérez. "Su poder de fuego es infinitamente superior al nuestro", se lamentó solicitando el anonimato por no estar autorizado a declarar.
"Si yo meto preso a un malandro (delincuente), él sale libre en pocos días y, no lo dudes, me buscará para matarme. Con el sueldo que tenemos los policías no vivimos en lujosas mansiones sino en barriadas, al lado de ellos", agregó el policía, que gana 7.000 bolívares al mes, unos 38 dólares al tipo de cambio en el mercado paralelo y 1.100 dólares a la tasa oficial.
Esos barrios están dominados por temibles bandas en un país que, de acuerdo con Naciones Unidas, se convirtió en el segundo más violento del mundo ante la facilidad para conseguir armas y un sistema judicial débil que ha permitido la impunidad.
"Si los policías no tienen seguridad, ¿qué queda para el resto de nosotros?", se preguntó Jackeline Sandoval, directora ejecutiva de Fundepro, grupo que, a falta de estadísticas oficiales, elabora la lista de efectivos caídos en base a registros de los medios de comunicación y contactos policiales.
Presionado por reducir el número de crímenes, el Gobierno socialista de Nicolás Maduro estudia reformar el Código Penal. Además, lanzó el año pasado un plan voluntario de desarme, aunque sólo recolectó una porción mínima de los entre 9 y 15 millones de armas que se calcula hay en el país.
Hace poco, el coordinador de la comisión presidencial para la transformación del sistema policial, Freddy Bernal, reconoció lo grave de la situación. "Es necesario recobrar la autoridad del Estado. La autoridad del Estado no se negocia, no se pone en subasta. Tenemos la obligación de darle confianza a ese policía y trabajar en contra del delito", dijo en una entrevista televisada, donde anunció la intervención de nueve policías municipales. "Hay una violencia de-satada en el país", agregó.
| Agencia Reuters |
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