El problema no es Moyano (es más un tema filosófico)

Hugo Moyano

Una parte importante del arco político opositor concuerda en lo siguiente: Hugo Moyano constituye una amenaza para el correcto funcionamiento de la democracia argentina. Su creciente poder, junto con su prédica de que este poder puede ser usado para el logro de objetivos es señalado como un factor desestabilizante.

Son varias las propuestas para resolver el «problema Moyano». Por ejemplo, en un programa televisivo reciente la diputada Patricia Bullrich propuso con convicción la idea de que los dirigentes sindicales deben estar sujetos a la necesidad de realizar declaraciones juradas de bienes, lo cual en principio reduciría el margen para comportamiento indebido. Mayor control, entonces, llevaría a que los deshonestos se vayan a sus casas, y a que los honestos no dejen de serlo.

Lo anterior puede en casos puntuales tener algún resultado. Nuestra impresión, sin embargo, es que el nudo del problema no radica en la falta de declaraciones juradas de ingresos o en el hecho de que «la carne es débil» y que muchos yerran el camino y dejan de actuar en beneficio de los trabajadores pasando a favorecerse a ellos mismos y a sus familias. El problema, en efecto, es de orden conceptual y tiene que ver con cómo se visualiza la relación entre trabajadores, empresas, sindicatos y Gobierno.

Tiene que ver en última instancia con conceptos tales como la libertad contractual y el rol de la decisión individual en lo que hace a intercambio en una economía de mercado. Estos aspectos «filosóficos» tienen gran importancia práctica, pero han sido mayormente ignorados por nuestros representantes.

¿En qué medida el contrato realizado entre una empresa y el trabajador deja libertad a las partes para pactar las condiciones del mismo? ¿Cuáles son las restricciones que enfrenta una empresa cuando quiere reducir su nómina de personal? ¿Qué libertad tiene un trabajador para decidir el destino de sus aportes para servicios de salud, jubilación y otros beneficios? ¿Cuáles son los aportes públicos recibidos por los sindicatos? El concepto de «huelga» ¿obliga a los trabajadores que no están de acuerdo con ella a interrumpir sus tareas? ¿Puede impedirse que un trabajador que quiere trabajar lo haga, aun cuando otros desean continuar en huelga? ¿Está la empresa obligada a mantener como empleados a trabajadores que están en desacuerdo con la remuneración económica que reciben? ¿Podría la empresa en caso hipotético de desacuerdo despedir a estos trabajadores y contratar otros, tal vez más necesitados, que encuentran la remuneración ofrecida suficientemente atractiva?

Las preguntas anteriores apuntan en la dirección de clarificar cuál es la forma de funcionamiento del mercado laboral argentino. El «problema Moyano», a nuestro juicio, no es Moyano, sino la telaraña restrictiva que rodea la relación entre trabajadores, empresas y sindicatos. Las rentas millonarias que fluyen de la sociedad toda a los dirigentes sindicales no se eliminarán reemplazando estos dirigentes por otros más «honestos» o «democráticos». Se eliminarán -o por lo menos se reducirán- cuando se comprenda que en última instancia la cooperación humana se genera en mercados donde los participantes tienen considerable libertad de decir que sí o que no. Esta libertad rige tanto para la relación entre la empresa y el trabajador, y entre éste y los sindicatos.

Rentas enormes

Mientras el trabajador o la empresa deban realizar aportes compulsivos a sindicatos u obras sociales de éstos, mientras el «derecho de huelga» incluya la posibilidad de actuar en forma coercitiva con respecto a la empresa, sus consumidores o sus trabajadores, mientras el trabajador deba aportar en forma compulsiva, y mientras recursos públicos sean asignados a sindicatos o empresas por fuera del mecanismo de mercado, seguirán existiendo enormes rentas a repartir a las cuales muy pocos podrán resistirse.

La relativa armonía de las sociedades modernas no se debe -como muchos plantean- a que los sindicatos son perseguidos o castigados por su acción. Se debe, en cambio, a la valorización de la decisión individual tanto de empresas como de trabajadores. La concentración de poder, ya sea en manos de unas pocas empresas, de unos pocos dirigentes sindicales y, por supuesto, de un puñado de funcionarios públicos, es una receta cierta para la generación de rentas de las cuales algunos querrán apropiarse. Son estos mecanismos de generación de rentas los que hay que atacar, y no la figura de uno u otro dirigente sindical.

* (*) Economista de la Universidad del CEMA