17 de julio 2017 - 00:00

El reto de convertir en poder una votación de carácter simbólico

La Mesa de la Unidad Democrática quemará las boletas y las actas para impedir represalias oficiales contra los ciudadanos.

Caracas - La oposición venezolana lanzó ayer su mayor desafío al Gobierno de Nicolás Maduro con la convocatoria de una consulta calificada de ilegal desde el oficialismo pero en la que buscó que el pueblo se pronunciara masivamente contra el proceso constituyente impulsado por el chavismo.

Tras la consulta, la mayor cuestión llegará hoy: cómo hacer valer votos que no están reconocidos por los poderes que deben hacerlos efectivos.

Convocada por la oposición con el aval de la Asamblea Nacional, que invocó el derecho constitucional a la desobediencia cuando el Gobierno atropella la democracia, el plebiscito tuvo el respaldo de importantes actores económicos, culturales y civiles.

Las reacciones que suscitó muestran la ruptura entre los poderes públicos y de algunos de estos con buena parte de la sociedad.

El referendo -que preguntó también a los venezolanos si quieren la convocatoria de elecciones y piden a los militares que defiendan la Constitución vigente- fue denunciado ante el Tribunal Supremo por el oficialismo. Pero poco importa a quienes apoyan la consulta lo que diga el Supremo, un tribunal cuya legitimidad no reconocen ni el parlamento ni la fiscal general, Luisa Ortega.

Pese a que dejó en claro la magnitud de la afrenta al Estado y a la Revolución bolivariana que el referendo supone, Maduro no adelantó hasta ahora represalias para los votantes, como sí prometió actuar contra los que boicoteen el 30 de julio la elección de la Asamblea Nacional Constituyente que puso en marcha. Sin embargo, y para tranquilizar a quienes temen posibles castigos -a través del sistema de distribución estatal de alimentos o a los empleados en empresas públicas- los impulsores del plebiscito se comprometieron a quemar las boletas y las listas de participación para que no lleguen al Gobierno.

La mayor inquietud vino de los llamados "colectivos", grupos civiles de chavistas armados que algunos consideran "paramilitares".

Al llamamiento opositor a acudir a las urnas y votar "sí" a las tres preguntas se sumaron importantes sectores de la sociedad civil, como la influyente Federación de Cámaras de Comercio (Fedecámaras), sindicatos, organizaciones estudiantiles y algunas de las universidades más prestigiosas.

Uno de los más sólidos apoyos vino de la Iglesia, que cedió sus instalaciones para la votación. La consulta contó con el dinamismo que le dieron los miles de ciudadanos volcados en las labores organización como voluntarios, quienes pusieron a disposición del referendo mesas, sillas, comercios y autos para desplazar votantes.

Pero debido al corto tiempo en que se convocó, y al no estar auspiciada por el Poder Electoral, careció de algunos mecanismos de control y no pudo asegurar que los ciudadanos no voten más de una vez en los centros del país o del extranjero, donde tuvieron permitido expresarse sin importar dónde están inscritos como votantes.

Agencia EFE

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