Elusiva, la Corte dijo que defenderá la Constitución

Ricardo Lorenzetti aprovechó un acto ayer en Tribunales para responder de manera elíptica al envío del proyecto de reforma judicial al Congreso. “Quédense todos tranquilos”, dijo sonriente.

Ricardo Lorenzetti no eludió ayer pronunciarse sobre los proyectos de reforma judicial que el Gobierno envió al Senado luego del anuncio de Cristina de Kirchner. Fue durante la presentación del plan de capacitación para el Poder Judicial que contó con la presencia de Julio Alak en primera fila y de jueces y fiscales del decisivo fuero federal. Diplomático, presidente de la Corte evitó declaraciones contundentes aunque aseguró que si la discusión se judicializa la Corte Suprema emitirá su opinión, hasta ese momento seguirá de cerca lo que ocurra en el plano legislativo.

"Quédense todos muy tranquilos que es decisión de la Corte Suprema cumplir con la responsabilidad que le ha dado la Constitución, defender la Constitución cuando sea necesario", expresó ante un auditorio colmado. El discurso lo siguieron por videoconferencia distintas cámaras del interior del país.

Como suele ocurrir en estos casos, el mensaje de Lorenzetti contó con el visto bueno del resto de los integrantes del máximo tribunal. En el cuarto piso del Palacio de Tribunales suele prevalecer la tesis de que en una historia tan pendular como la del país en cuanto a los acontecimientos políticos siempre es más difícil permanecer en el medio que dirigirse a los extremos. La Corte es ambigua porque interpreta la Constitución y ésta también lo es, repiten, como un mantra, los justices.

Además de Alak, escuchó el discurso la titular de la Defensoría Oficial, Stella Maris Martínez, una de las principales animadoras del grupo de jueces cercanos al oficialismo "Por una Justicia legítima", cuya presencia destacó Lorenzetti en un gesto irónico. Desde el estrado participaron Carmen Argibay, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

Al igual que el lunes, Eugenio Zaffaroni, señalado pro algunos como asesor del Gobierno en la redacción de los proyectos, destacó por su ausencia.

Ayer por la tarde los proyectos que el oficialismo envió al Congreso circularon por distintos despachos de secretarios letrados de la Corte. El máximo tribunal deberá intervenir, en caso de que la reforma se apruebe, si el debate se judicializa en el fuero Contencioso Administrativo donde la Corte es la instancia de alzada de la Cámara.

En cuanto a la creación de las nuevas instancias de Casación genera dudas el número de siete integrantes (dos salas de tres jueces y un presidente). Se preguntaron cuál sería el rol jurisdiccional del séptimo integrante, en un esquema hasta el momento inédito para el ámbito de los tribunales. Sin embargo, hay apuntes que generan mayor inquietud: el artículo 7 de este proyecto prevé acortar los procedimientos de los concursos para estas nuevas cámaras, incluso se podría prescindir de la audiencia para formular oposiciones a los candidatos.

Por su parte el proyecto para la reforma del Consejo de la Magistratura anticipa fricciones en el artículo 19, según el cual los aumentos de sueldo del Poder Judicial ya no serán aprobados mediante una acordada de la Corte sino con la firma de la Jefatura de Gabinete. Tampoco convence que los requisitos para integrar el cuerpo colegiado dejen de ser los necesarios para la Corte y sean, en caso de que el proyecto se apruebe, los del Poder Legislativo que no le otorgan carácter obligatorio al título de abogado para el cargo.

El mayor consenso entre los secretarios letrados se encuentra en el rechazo a la determinación de que las medidas cautelares queden sin efecto ante la apelación del Estado. Un giro que presenta dos problemáticas, una de índole técnico y otra con mayor simbolismo: la herramienta de la medida cautelar tiene presencia en múltiples pactos internacionales a los cuales la Constitución circunscribe y su limitación encuentra similitudes con el criterio procesal que se impuso durante el gobierno militar de Juan Carlos Onganía.

Los proyectos relacionados con el acceso a los cargos de despacho por concurso y sobre la publicación de las declaraciones juradas de los magistrados tienen mejor imagen en la Corte ya que se trata de dos cuestiones que han aparecido en los debates propios del máximo tribunal.