Empeoran la economía y la censura a Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero

Madrid - El notable aumento del gasto público registrado incluso el año pasado, en el momento más serio de la crisis, es uno de los principales ejes de las críticas que acosan aún hoy al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Entre 2007 y 2009, el gasto público español pasó de representar el 39,2% del PBI al 46%, la cifra más alta en los últimos 14 años.

La cifra, previa a los ajustes anunciados este año -que incluyeron un recorte del 5% en los salarios de los empleados estatales, el congelamiento de las jubilaciones y el achique o eliminación de diversas prestaciones sociales-, se conoció junto con otra mala nueva para la administración socialista: el Ministerio de Trabajo acaba de informar que el desempleo creció en octubre un 1,7% (68.213 personas). En lo que va del año, el índice de desocupación se elevó un 7,3%, en una clara señal de que la economía española todavía está lejos de ponerse de pie.

La combinación de ambas cifras reactivó las críticas a las medidas anticrisis aplicadas por el presidente socialista y fogoneó los comentarios de los detractores del Estado de Bienestar y de la oposición política, que piden reformas estructurales urgentes para reflotar la economía nacional.

El debate se centra en un punto clave: ¿cuánto de aquella suba del gasto tuvo que ver con las consecuencias lógicas de la crisis y cuánto con las medidas adoptadas por el socialista en los años precedentes? Porque la escalada del gasto público presenta varias dimensiones y en esos matices es donde se juega la efectividad de los planes económicos del Gobierno.

Hay un primer aspecto de esta suba del gasto público que se deriva de los mecanismos «automáticos» que generó la crisis financiera y que debería ser transitorio. La suba del desempleo, por ejemplo, implica el aumento del gasto para subsidios de personas en esa situación y, por otro lado, la reducción de la recaudación del sistema de Seguridad Social.

Este efecto de la crisis es el que debería ser neutralizado con las medidas del Gobierno, hoy tan cuestionadas.

A Rodríguez Zapatero se lo critica desde la derecha, por no adoptar recetas lo suficientemente duras como para dinamizar la economía, y desde la izquierda, por seguir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional y encarar reformas del Estado de Bienestar como el sistema de pensiones y los convenios laborales, que implican pérdidas de prestaciones y ayudas para gran parte de la sociedad.

Dentro de este debate se incluyen las medidas anticrisis aplicadas por el Gobierno socialista -como los planes de obra pública, las ayudas para adquirir autos y computadoras, entre otros bienes- que también dan cuenta de parte del aumento del gasto, planes que deberían haber reactivado la economía y que, sin embargo, no alcanzan, como se refleja en la suba del desempleo.

En este punto, hay también otros aspectos para considerar, muy espinosos para la sociedad española, como la amplitud del seguro de desempleo, que podría desestimular la búsqueda de trabajo.

Hay, además, una tercera dimensión de la polémica sobre el mencionado aumento del gasto: el haber tomado medidas «electoralistas» y de corto alcance en 2007, como el «cheque bebé» (para fomentar el aumento de la natalidad) o la renta de emancipación para los jóvenes, cuando la crisis ya era tangible y el Gobierno se negaba a admitirla.

Si bien casi todos estos planes fueron suprimidos cuando llegó la hora del ajuste, la oposición todavía no le perdona a Rodríguez Zapatero este error.

El debate en torno al gasto público tiene, además, como telón de fondo para los analistas económicos locales un problema que sólo podrá resolverse a largo plazo: la falta de dinamismo y productividad del sector privado, a excepción de ciertas áreas, como las telecomunicaciones. De ahí que temas como la reforma laboral -que fue aprobada por el Congreso en septiembre, pero será reglamentada recién en marzo de 2011- todavía genere polémicas cotidianas.

Mientras los sindicatos se niegan a acatar la nueva ley y ya tienen un nuevo paro general anunciado para principios de diciembre, ciertos economistas insisten en que estas medidas son insuficientes.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA) publicó días atrás un informe muy crítico sobre la reforma laboral y el plan económico del Gobierno. FEDEA pronosticó cinco años de estancamiento económico para España, predicción que se vio reforzada por la publicación del Boletín Económico de octubre del Banco Central de España, en el que informó que la economía española se había estancado en el tercer trimestre con un crecimiento nulo. Así, la predicción en tono bíblico de los economistas españoles contradice los aires de resurrección que el presidente socialista pretende insuflarle hoy a su Gobierno.

* Corresponsal en España