Empresarios critican proyecto y preparan batería de juicios

Las principales entidades empresariales del país acordaron ayer un documento conjunto en el que cuestionaron el proyecto de nueva Ley de Abastecimiento y lo calificaron como "inconstitucional". Afirmaron que en caso de aprobarse la norma, recurrirán a los tribunales. El encuentro se realizó en la sede la Unión Industrial Argentina (UIA) que fue la primera organización en salir al cruce de la iniciativa del Gobierno, y se concretó horas antes de que empezara el debate de los cambios en las comisiones del Congreso.

Las entidades que se denominaron a sí mismas Grupo de los 6 estuvieron representadas por José Ignacio de Mendiguren (UIA), Carlos de la Vega (Cámara de Comercio), Gustavo Weiss (Cámara de la Construcción) , Adelmo Gabbi (Bolsa de Comercio), Luis Miguel Etchevehere (Sociedad Rural) y Jorge Brito (Asociación de Bancos Argentinos).

El documento planteó el "unánime rechazo" al proyecto de Ley de Abastecimiento e indicó que una de la iniciativas elevadas al Congreso, conocida como proyecto de Regulación de la Producción y el Comercio, "tiene como objetivo incrementar sustantivamente la intervención del Estado en toda la actividad privada".Los participantes manifestaron acuerdo en mejorar la normativa de defensa del consumidor, tal como establece en sus objetivos uno los proyectos de ley, pero con relación con la otra iniciativa declararon que "además de su inconstitucionalidad, va claramente en sentido contrario a los objetivos que el Gobierno manifiesta promover".

Durante la tarde de ayer, los representantes de los principales estudios empresariales se debatían sobre el mejor camino para avanzar en la dirección del litigio.

Tal como se lo informaron a algunos senadores de la UCR, el primer desafío a superar, en caso de que la ley se vote, será la búsqueda de un demandante que cumpla con todos los requisitos de legitimación necesarios para actuar ante los tribunales.

No es un tema menor: cuando en 2013 los abogados motorizaron un aluvión de amparos contra la reforma judicial, decenas de éstos eran rechazados in limine porque los jueces entendían que quienes los iniciaban carecían de los atributos mínimos para reclamar e incluso algunos lo habían hecho antes de que la ley fuera sancionada por el Congreso.

No será una sorpresa. La semana pasada, el Colegio de Abogados de la Ciudad, que reúne a los letrados de los grandes estudios de Derecho empresarial, emitió un durísimo comunicado en el que cuestionaba la aplicación de la Ley Antiterrorista a la empresa Donnelly.

Giros del destino: esa norma cuando llegó al Congreso fue resistida por los sectores más radicales del kirchnerimo y ahora viene a dar letra a letrados de marcado perfil opositor (varios de ellos, con acceso directo al despacho de Mauricio Macri).

Una vez más, los amparos judiciales podrían frustrar los planes del Gobierno siempre y cuando los demandantes logren dar por probado que la sanción de la Ley de Abastecimiento implicaría un riesgo económico en el corto plazo.