Ercolini indagó a Gils Carbó (es la previa a su procesamiento)

• CÁMARA FEDERAL DE LA PLATA PIDIÓ, ADEMÁS, QUE NO DILATE SUBROGANCIASLa procuradora presentó escrito y respondió preguntas. Buscó desligarse de supuestas irregularidades en el trámite de compra de un inmueble.

Alejandra Gils Carbó ingresó ayer a los tribunales de Comodoro Py para declarar ante el juez Julián Ercolini por el caso de la compra de una nueva sede para la Procuración Nacional.

Mediante un escrito, y también respondiendo preguntas la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó buscó ayer desligarse de cualquier irregularidad en el trámite de compra de un edificio para la Procuración y deslindó cualquier responsabilidad en una maniobra ilegal en uno de los exfuncionarios bajo su órbita, a quien le inició un sumario. La audiencia ante el juez Julián Ercolini -inédita para alguien en el cargo de jefe de los fiscales- también preanuncia un procesamiento en este expediente, cuyo posible dictado se espera a mediados de mes. Como para sumar presión, la Cámara Federal de La Plata exhortó a Gils Carbó a que "evite" la prolongación indefinida de fiscales subrogantes, designados de manera excepcional.

El caso sobre la compra del edificio de la calle Perón 667 para la Procuración General tuvo un peculiar inicio: un anónimo recibido por un fiscal federal que señalaba la intervención del exmarido de Gils Carbó en la operación inmobiliaria irregular. Disipada la primera humareda, el resultado fue que de la licitación pública ganada por la firma Arfinsa (perteneciente al Grupo Bemberg y por $43 millones) derivó en el pago de una comisión por parte de la firma vendedora de $7 millones a la inmobiliaria Jaureguiberry & Asociados. Tres millones de esos fondos fueron facturados por un productor de seguros, Juan Carlos Thill, quien resultó ser medio hermano de Guillermo Bellingi, un funcionario que se desempeñaba -paradójicamente- en la implementación de procesos de transparencia en la Procuración. El funcionario sumariado luego participó de aspectos sensibles de la licitación, lo que se presupone, mejoró las condiciones de participación de Arfinsa, pese a que su edificio ya era el favorito para la compra por un valor inferior al que se había presupuestado.

Gils Carbó aseguró al juez que "no se abonó comisión alguna" por la compra del edificio y que "se pagó el metro cuadrado más bajo de las ofertas y $1.200.000 menos del valor tasado por el Tribunal de Tasaciones de la Nación". En su descargo, explicó que diez áreas técnicas internas y dos organismos externos (Tribunal Nacional de Tasación y Escribanía General de la Nación) analizaron las ofertas y finalizaron el proceso de compras. Su defensa argumentó que está probado que la jefa de los fiscales "no cobró ni se benefició de la operación ya que no ingresó dinero a su patrimonio". La acusación del fiscal Eduardo Taiano sostenida con el llamado a Gils Carbó por Ercolini se apoya en que la licitación estaba "digitada" para tener un ganador. Sobre ese supuesto se apoyará el procesamiento a todos los implicados.

Explicación

La Procuradora explicó que la apertura del sumario administrativo y la suspensión de Bellingi ocurrieron inmediatamente después de que la Procuración se enteró de la relación de éste con Thill y de este último con la inmobiliaria Jaureguiberry. "Las presuntas irregularidades penales y administrativas se circunscriben a maniobras de Guillermo Bellingi y Juan Carlos Thill. Está probado que el único que cobró una comisión indebida fue Thill", afirmó la presentación efectuada por Gils Carbó como descargo en el que apuntó a Bellingi por la irregularidad. "La operación no implicó en modo alguno un perjuicio para el erario público. Por el contrario, se adquirió un bien inferior al tasado por el organismo correspondiente y de plena funcionalidad para el proyecto institucional del Ministerio Público Fiscal", aseguró al tiempo que subrayó que no hay nada que la vincule a la maniobra. En un clima cordial y sin tensión, Gils Carbó le dijo a Ercolini que hubo "un negocio oculto" para la Procuración en manos de un empleado infiel y su pariente.

Se espera que el procesamiento le permita al Gobierno avanzar en la presión para desplazarla del cargo, algo que viene intentando por diversas vías hasta ahora sin éxito. Desactivada la comisión bicameral que pretendía citarla, sin consenso para la modificación de la ley de Ministerio Público y con dudas sobre si iniciar un juicio político (por la negociación de votos con el PJ y por su sucesor) este expediente sumará un elemento más. Gils Carbó ya desplegó su estrategia defensiva (y política): asemejar su caso al de la procuradora venezolana Luisa Ortega Díaz, enfrentada con Nicolás Maduro. Cosechó apoyos regionales y se posiciona como una futura "perseguida" por Cambiemos.