Escándalo: Jaime a juicio con empresarios por caso dádivas

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Ricardo Jaime recibió ayer el primer golpe de la Justicia, al ser procesado sin prisión preventiva por supuesta aceptación de dádivas por el juez federal Claudio Bonadío. El magistrado también dispuso un embargo sobre los bienes del ex secretario de Transporte por $ 800 mil, en un fallo que sacude el corazón del kirchnerismo y el empresariado argentino.

Bonadío es el primer juez que procesa a quien fue uno de los principales funcionarios del núcleo duro de Néstor Kirchner desde sus primeros años en la política, en Santa Cruz. Si bien hace días que se daba por descontada la medida, la resolución del magistrado no va dejar de golpear en el Gobierno y la oposición. Y sobre todo en Jaime, también muy complicado en la causa a cargo de Norberto Oyarbide, en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

Pero además del batacazo judicial que implica este fallo para Jaime, los procesamientos de los empresarios Gustavo Carmona, Claudio Cirigliano, Carlos Colunga, Alejandro Ventola, Carlos Lluch, Javier Patoqui y Ricardo Mario Izquierdo también es una preocupante señal para las compañías más cercanas al kirchnerismo.

Dentro de la lista, hay personajes claves como el titular del Grupo Cirigliano, la empresa más importante de transporte de la Argentina, Carlos Colunga, el director de la compañía de taxis aéreos Mac Air, perteneciente al Grupo Macri, y Jorge Molina, el ex director de Asuntos Públicos de Aerolíneas Argentinas.

Los Vázquez, protagonistas en la mayoría de las causas que investigan a Jaime, también recibieron un duro golpe ayer: tanto Manuel, ex asesor y amigo personal del ex funcionario, como su hijo Julián fueron procesados por el mismo delito. Padre e hijo aparecerían en la mayoría de las operaciones comerciales que se le atribuyen al ex secretario de Transporte.

Julián Vázquez es investigado por ser el presunto responsable de comprar en Estados Unidos el avión Lear Jet 31A, valuado en unos u$s 4 millones, que se le adjudica a Jaime. También su padre, Manuel, aparecería relacionado con esta operación -según la declaración testimonial, precisamente, de Carlos Colunga-, así como con la compra del yate Altamar 61 (valuado en u$s 1,5 millón), la radio cordobesa LV2 y el diario La Mañana, en la misma provincia. Todos estos bienes son investigados por Oyarbide y los Vázquez aparecen en el centro de esta pesquisa, tanto a raíz de sus supuestas actividades como a través de la firma Delome SA, que sería empresa fantasma destinada a esconder los bienes del ex secretario.

Delito menor

Por eso, el fallo de Bonadío probablemente sea apenas el comienzo de los problemas judiciales para el ex funcionario y su entorno. El delito es relativamente menor: los imputados pueden llegar a recibir sólo hasta dos años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos de uno a seis años para funcionarios, pero el impacto manda.

La causa se inició a principios del año pasado con una denuncia del ex fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido, quien acusó a Jaime por 12 viajes realizados entre 2006 y 2008 a Brasil y otros locales, financiados por empresas del sector que él debía controlar.

En el caso también estaban imputados el actual secretario de Transporte (entonces segundo de Jaime), sobre quien Bonadío dictó falta de mérito. El mismo criterio adoptó para Ricardo Cirielli, secretario general de la Asociación de Personal Técnico Aeronáutico, y Laura Elba Gouvert, ex asesora de Jaime. Por su parte, Ricardo Rodríguez fue sobreseído.

Todos los imputados fueron indagados entre finales de febrero y principios de marzo pasado. Jaime fue el último: presentó un escrito ante el juez el 5 de marzo pasado y se negó a contestar preguntas. Allí justificó ocho de los viajes investigados de la siguiente manera: declaró que había realizado dos de los vuelos investigados como funcionario público y que habían sido «demostraciones» ofrecidas por empresas de taxis aéreos, mientras que argumentó que los otros seis habían sido de carácter personal y los había hecho junto a familiares y amigos.

Explicaciones

Respecto de estos últimos viajes, Jaime declaró que todos habían sido contratados por su hermano Daniel -que vive en Brasil desde los años 70- a través de su estudio jurídico, Miguel Couto Advogados Associados.

El ex secretario de Transporte intentó explicar el resto de los vuelos -entre ellos uno de cortesía de enero de 2008, por el que fue imputado Molina y que Jaime aseguró no saber que era de cortesía- en una segunda indagatoria, el 22 de marzo pasado. En esa oportunidad intentó justificar el resto de los viajes investigados, argumentando que habían sido pagados por empresas que no pertenecen al rubro de los taxis aéreos.

Las explicaciones no alcanzaron. Ahora, sin embargo, se abre un nuevo capítulo en la causa, ya que las medidas de Bonadío podrían ser revocadas por un planteo de prescripción. Eso al menos analizan las defensas de los imputados, en especial en el caso de los empresarios. El delito de dádivas tiene dos años de prescripción y el último vuelo investigado es de 2008. Para el único que la situación no cambia es para Jaime, debido a que en el caso de los funcionarios públicos, el delito puede ser imputados hasta que dejan ese cargo, lo que Jaime hizo recién a mediados del año pasado. Por el momento, los Kirchner procesan el golpe y la oposición festeja.

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