Escuchas: Casación, la nueva expectativa

Norberto Oyarbide

La defensa de Mauricio Macri dio ayer un giro sorpresivo y apeló el fallo que confirmó el procesamiento del jefe de Gobierno porteño como supuesto partícipe de una asociación ilícita dedicada a las escuchas ilegales ante la Cámara de Casación Penal.

A pesar de que el gobernador porteño había anunciado en un principio que no iba a objetar la resolución de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional porteña, con el objetivo de que su caso fuera elevado lo más pronto a juicio oral y público, finalmente se optó por cambiar esta estrategia a sólo dos días de que venciera el plazo de apelación.

Argumento

La presentación invocó el argumento de «gravedad institucional» para que el máximo tribunal penal del país revise los fallos de primera y segunda instancia. Primero, sin embargo, es la Cámara Federal porteña la que debe decidir si abre el recurso y lo eleva a Casación o lo rechaza. En este último caso, la defensa del jefe de Gobierno porteño podría interponer un recurso de queja.

Las opiniones respecto a la viabilidad del recurso en este punto están dividas: los que sostienen que la apelación puede ser analizada por Casación priorizan la gravedad institucional de la causa, mientras que los que se inclinan por el rechazo del planteo argumentan que el tribunal sólo abre los recursos cuando hay garantías institucionales de por medio, como en el caso de los procesamientos con prisión preventiva, donde la libertad del imputado está en juego.

Más allá de estas consideraciones, hay un dato que resulta fundamental para la situación del jefe de Gobierno porteño: en el último fallo de la Cámara de Casación sobre el caso escuchas, una de las integrantes de tribunal sostuvo que no estaba suficientemente acreditado el supuesto delito de asociación ilícita.

El pronunciamiento de la camarista Liliana Catucci se generó a raíz de un pedido de excarcelación de la defensa del ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, quien está procesado con prisión preventiva por supuesta asociación ilícita. Catucci fue la única integrante de la sala III del tribunal que votó a favor de la excarcelación de Palacios (por eso no se revirtió la medida) y en su escrito advirtió sobre ciertos «vicios» del proceso «en lo que se refiere a la fundamentación brindada a los fines de interpretar la figura de asociación ilícita acuñada en el artículo 210 del Código Penal».

La magistrada criticó la resolución de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional que confirmó la ampliación del procesamiento del ex jefe de la Policía porteña dictada por el juez federal Norberto Oyarbide, al indicar que «las afirmaciones de los magistrados no aparecen sustentadas en la valoración de los elementos de prueba reunidos» en la pesquisa. En este punto, Catucci destacó que «pese a su aparente fundamentación», el fallo de los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Freiler y Eduardo Farah «sólo contiene afirmaciones genéricas y omite examinar la existencia de pluralidad de planes delictivos por parte de los miembros de la supuesta asociación ilícita, remitiéndose a las intervenciones ilegales por las cuales ya dictara procesamiento».

Los argumentos para este cambio de postura de la magistrada también fueron considerados por otro de los integrantes de este tribunal de Casación, el juez Eduardo Riggi, quien optó por evitar las zonas ásperas de este debate y resolvió votar en contra de la excarcelación a partir de una argumentación técnica, como ya lo había hecho la jueza Ángela Ledesma.

Estrategia

Riggi, sin embargo, destacó que las consideraciones de Catucci «a esta altura de la investigación parecerían atinadas», otro indicio positivo para la defensa de Macri.

Este cambio de estrategia podría tener resultados más efectivos que la primera opción elegida por el jefe de Gobierno: después de todo, no depende de él sino del juez que ya ha denunciado en numerosas oportunidades evaluar cuándo la pesquisa está lo suficientemente probada para ser elevada a juicio. Y a este plazo se deben sumar los tiempos de las distintas instancias judiciales, donde tramitan varios recursos de otros imputados en el caso.

En el juzgado, mientras tanto, se preparan para tomar indagatoria la semana que viene a Andrés Ibarra, ex jefe de administración del Ministerio de Educación porteño, donde trabajó como asesor el principal imputado del caso, Ciro James. También analizan ordenar un nuevo cruce de llamados, esta vez entre los teléfonos de Macri, Palacios y James, que seguramente llevará varios meses.